49.- Calificación de cuentas públicas
Florencio Llamas Acosta
El martes pasado en sesión ordinaria, el Congreso aprobó por mayoría la destitución e inhabilitación por 6 años del presidente municipal panista de Tecomán, Saúl Magaña Madrigal, obligándolo a resarcir recursos por más de 8 millones de pesos, por daño a la hacienda municipal, en el ejercicio fiscal 2011.
De la misma forma, la mayoría de los diputados del PRI, Nueva Alianza y del Partido del Trabajo, consideraron que existen pruebas suficientes contra otros 6 funcionarios públicos de este municipio.
Al tesorero Oscar Miguel Araujo Rincón, se le impuso una amonestación pública y resarcir 61 mil pesos; al oficial mayor, Sergio Medina Cruz, su destitución e inhabilitación por 3 años para ocupar puestos públicos, además de resarcir 3 millones 480 mil pesos. Rogelio Araujo, secretario particular del presidente municipal, amonestación pública, destitución y resarcir 116 mil pesos; a Hortencia Polanco, auxiliar del contador, una suspensión temporal de tres meses; Raúl Limón Barajas, director de Desarrollo Urbano y Ecología, destitución, inhabilitación por tres años y resarcir 3 millones 425 mil pesos y José Manuel Gallegos Martínez, director de Obras Públicas, destitución y resarcir 211 mil pesos a la hacienda pública.
Ante la sanción emitida por el poder legislativo, el edil tecomense Saúl Magaña Madrigal, expuso ante los medios de comunicación, sentirse tranquilo y anunció que demostrará su rectitud. Con su declaración, el alcalde, se asume como víctima, cuestionando que con esta sanción lo que se pretende es desacreditar su imagen como persona y funcionario municipal.
Al mismo tiempo, sus argumentos de defensa buscan desacreditar la confiabilidad del órgano técnico de fiscalización y la decisión del poder legislativo, argumentando que el desempeño del Congreso tiene un sesgo político, al destacar que las administraciones priistas fueron calificadas sin observaciones y los tres gobiernos panistas fueron sancionados, por lo que denuncia al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), como “el brazo político del Gobierno del Estado”.
Respecto este hecho es conveniente resaltar que lo que los diputados examinan el manejo de los recursos públicos del segundo año (2011) de las administraciones municipales y la sanción se decreta en este 2012, a escaso mes y medio para que terminen su periodo los ayuntamientos, y a un mes de que concluya la actual legislatura.
La calificación de las cuentas públicas del ejerció del 2011 y las sanciones severas a los servidores públicos de Tecomán, puede entenderse como una advertencia para las próximas administraciones municipales, para que sean escrupulosos y cuidadosos del manejo del gasto público, ajustándose a lo que establece la Ley de Contabilidad y Gasto Publico, evitando ejercer el presupuesto de los ciudadanos al antojo personal del presidente y funcionarios.
También, es una invitación a la próxima legislatura, para que en ejercicio de sus atribuciones combata la corrupción y asuman a cabalidad la responsabilidad de vigilar que los recursos públicos se gasten de forma honesta, transparente y eficiente.
Este caso me recuerda al gran filosofo griego Platón, quien sostenía que, “es peor cometer una injusticia que recibir una injusticia”. En este sentido ¿Quién comete la injusticia, los responsables de administrar las finanzas municipales o los legisladores encargados de fiscalizar el gasto público?
¿Usted, como lo piensa?
*Licenciado en Sociología. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima.
Correo electrónico: llamas.florencio@gmail.com
