Colima.- La nueva Ley Nacional de Ejecución de Penal ha puesto en serios predicamentos a las autoridades penitenciarias en los estados de la República.
Aunque la Ley es de vanguardia y con la intención de que los centros de reclusión estén a la altura de una real readaptación social de las personas privadas de su libertad, los legisladores que la aprobaron olvidaron incluir de dónde se obtendrían los recursos para aplicarla.
De esta manera los directores de los centros penitenciarios en las entidades, junto con los gobernadores, están en una carrera contra el tiempo para adecuar las cárceles acorde con lo que manda la nueva Ley que entró en vigor en junio del 2016.
En entrevista con AFmedios, José Abel Saucedo Romero, titular de la dirección de Prevención y Reinserción Social del estado, señaló que en la entidad buscan los mecanismos financieros y presupuestales para hacer frente a las recomendaciones contenidas en la Ley.
«Es una Ley de primer mundo con infraestructura de tercer mundo. Por ejemplo en medidas cautelares, muy bonito se ve en la Ley el brazalete electrónico pero cuánto cuesta cada uno, y un juez puede decir no me importa si tienes (estado) dinero o no».
Estas modificaciones en los tres Ceresos de Colima, tendrían como plazo fatal el mes de noviembre del 2018.
«Yo no se donde el Congreso de la Unión tienen la cabeza, les falta mucho a nuestro señores diputados y senadores, le hace falta rodearse de gente que conozca el sistema penitenciario», dijo.
«Yo diría que la nueva Ley está magnifica, pero se les olvidó a los legisladores que no solo se trataba de hacer la Ley, sino proporcionar los mecanismos financieros para hacer lo que pide la Ley».
Algunas de las ordenes de la Ley de infraestructura son: que haya una perfecta separación de los procesados y sentenciados, ambientes propicios para realizar un trabajo remunerado, no mezclar enfermos mentales con el resto de la población entre otros aspectos.
Saucedo Romero explicó que primero era necesario realizar los cambios en la infraestructura y después aplicar esta nueva Ley.
Incluso señala que con esta Ley se les dio la facultad a los jueces de decidir donde deberían estar recluidos las personas privadas de su libertad.
«Es decir nos quitaron esa facultad que teníamos, de que si alguien se portaba mal lo mandábamos a Manzanillo (penal de mayor seguridad) y si ahí seguías causando problemas lo mandábamos a una federal, pero ahora hay que pedirle permiso al juez sin que tengan conocimiento de cómo controlar un penal».
De acuerdo al funcionario estatal estas son algunas de las modificaciones en infraestructura que deberán realizar antes del mes de noviembre del 2018: Separación física del área de procesados y sentenciados y que esa área tenga sus propias áreas alternas, que se triplique la capacidad del centro de desintoxicación, que el área de máxima seguridad cuando menos aumente al doble, construir un nuevo dormitorio para los internos conflictivos.
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