Colima.- Las autoridades federales contabilizan al menos 22 mil niños y adolescentes trabajando en el estado, considerando que estos podrían en su etapa adulta replicar el círculo de pobreza al verse afectados sus derechos a la educación, salud y sano esparcimiento.
José Adán Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Prevención Social del Gobierno Federal, señala lo anterior al detallar que el ingreso aportado por los menores – en el mejor de los casos – no supera el 16 por ciento del gasto familiar, por lo que genera más daño que beneficio.
“Lo que sí hacen y está comprobado, es que reproducen el círculo de la pobreza, empatan perfectamente el mapa de la pobreza y el de el trabajo infantil”.
Y es que al involucrar a los niños o adolescentes en un empleo, señala, se puede afectar su derecho a la educación, a la salud y al sano esparcimiento.
Esto se refleja en que disminuyen su rendimiento escolar o abandonan la educación, se exponen a riesgos físicos y sociales, y se les limita el tiempo que pueden destinar a la diversión o esparcimiento.
“En América hay un porcentaje altísimo de niños que desarrollan una actividad productiva que pone en peligro su integridad física, su salud y su vida misma, esto es delicado, el derecho a la salud debe anteponerse a cualquier cosa”.
“Si a un niño se le inhibe el ejercicio de estos derechos, va a ser un niño que no se va a desarrollar a plenitud y con problemas de diferente índole”.
En la actualidad, Colima ocupa el tercer lugar nacional con mayor trabajo infantil.
El funcionario señala que en la medida en que se permita a los niños y adolescentes dedicarse a mejorar su preparación académica, se les da mayor posibilidad de mejorar su situación económica en la edad adulta.
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