Luego de que en Colima no se cuente con la posibilidad de legalizar la unión entre personas del mismo sexo, es el Congreso Local, el que debe de analizar las condiciones y garantías con las que cuentan las 5 parejas de homosexuales colimenses que contrajeron nupcias en el DF.
Así lo manifestó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, José Alfredo Jiménez Carrillo, quien manifestó que el Poder Judicial no puede ser juez y parte en esta situación.
El magistrado presidente expresó que por su investidura no le corresponde emitir una opinión al respecto ya que el Supremo Tribunal de Justicia es la institución es la encargada de ejecutar las leyes.
Hasta el momento son 5 parejas en Colima las que han formalizado su relación en el Distrito Federal.
El STJE respeta esta decisión de estas personas para acudir a otro estado para casarse por la vía legal.
“Será necesario que se analicen las condiciones ya que en Colima este tipo de sociedades conyugales no son reconocidas”, afirmó en entrevista.
El artículo 121 de la Constitución Federal, establece que todos los actos de estado civil que se celebren en una entidad federativa tendrán validez en las otras.
A pesar de ello en la entidad no existe esta figura creando así una laguna al respecto.
Por ello el magistrado insistió en que son los órganos legislativos los que deben realizar el análisis al respecto, el STJE, se mantendrá al margen de la polémica.
No es clamor de la sociedad: PAN
Por su parte y sobre este mismo tema la diputada panista Patricia Lugo Barriga, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado, dijo que respeta la decisión de las parejas que acudieron al DF a contraer matrimonio, pero afirmó que la sociedad colimense, en su mayoría no se ha manifestado por una legislación local en ese sentido.
“Ciertamente hay grupos localizados con interés, pero no es un clamor general”, afirmó la diputada.
Señaló que un momento dado, será materia de análisis y discusión en Colima para ver cómo se aplicará lo que dice el Artículo 121, Fracción IV de la Constitución Federal, así como el Artículo 12 del Código Civil vigente en el Estado.
“Mientras no se hagan estas adecuaciones a nuestra Ley, los jueces y demás autoridades, deberán aplicar las que se encuentran vigentes, utilizando criterios de interpretación”, afirmó.
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