En votación unánime, el Congreso local exhortó a la Cámara de Diputados Federal para que en 2011 asigne a los estados de la República recursos económicos suficientes para poder cumplir con las reformas legales federales que facultan a las autoridades locales a atender el delito de narcomenudeo.
La Legislatura determinó también que de no considerarse en el presupuesto federal de egresos del año 2011 recursos para que las entidades federativas atiendan el narcomenudeo, solicitar a la Cámara Federal de Diputados derogue el decreto que reforma la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, conocido como “ley contra el narcomenudeo”.
A iniciativa de la diputada priista Itzel Ríos de la Mora, los legisladores locales consideraron que actualmente no existen las condiciones económicas adecuadas ni los elementos necesarios para que las autoridades del fuero común de los estados intervengan en el conocimiento y resolución del delito de narcomenudeo.
La presidenta de la Comisión de Gobierno Interno señaló que el artículo cuarto transitorio del decreto con la reformas que dieron paso a la “ley del narcomenudeo”, se establece que las autoridades competentes financiarán las acciones derivadas para darle cumplimiento a esa ley, con los recursos que cada año prevea el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ríos de la Mora recordó que el pasado 20 de agosto, el Congreso del Estado presentó dos iniciativas de reformas a diversas leyes locales para adecuarlas a la denominada “ley contra el narcomenudeo”, cuyo objeto es establecer la coordinación de los tres niveles de gobierno en el combate a ese delito.
Dijo que con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones a cargo de las autoridades del fuero común del Estado con motivo de la “ley del narcomenudeo”, las autoridades locales de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, así como las de ejecución de sanciones, requieren de considerables recursos financieros para la capacitación de su personal, para la adecuación de su infraestructura e instalaciones y para su adecuado funcionamiento.
Mencionó que para cumplir con las nuevas disposiciones, las autoridades locales requerirán equipamiento, mayor personal, creación de mesas especializadas del ministerio público y creación de juzgados especializados en narcomenudeo, además del fortalecimiento de los juzgados de primera instancia en materia penal y de las salas penales.
Asimismo, los centros de reclusión deberán contar con personal e infraestructura, pues prestarán servicios de rehabilitación a los farmacodependientes, además de que la Secretaría de Salud del Estado deberá crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación de los farmacodependientes; recursos que actualmente no se tienen y que necesariamente el Gobierno Federal deberá asignar a favor del Gobierno del Estado en el presupuesto para 2011.
