Hasta la destitución del cargo, podría aplicarse en caso de que algún funcionario no cumpla con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
De acuerdo al presidente de la Comisión para el Acceso de la Información Pública del Estado (CAIPEC), Edgar Larios Carrasco, en esta situación se encuentran entre tres ó cuatro de los 10 ayuntamientos del estado, tienen ciertos detalles pendientes para cumplir con lo establecido en el artículo 10 de la ley de Transparencia.
La Ley señala que las entidades públicas deberían poner a disposición del público, en forma permanente la estructura orgánica, directorio de servidores públicos, presupuesto de egresos, resultados de auditorías, informes, balances, estados financieros, entro otros.
Larios Carrasco dijo en entrevista exclusiva con AFmedios, que no daría a conocer el nombre de los Ayuntamientos debido al proceso de trámite es interno de la propia Comisión.
Asimismo dijo que ya le hicieron las observaciones a los ediles de las alcaldías, y no las han acatado, por lo que tendrían que recibir una recomendación (amonestación), como lo especifica el artículo 51.
No obstante, si después de esa amonestación en un periodo de tres meses no se ha puesto a disposición lo observado, se determinará a los términos del artículo 52 de la Fracción I de la Ley de Responsabilidades aplicada por el Congreso del Estado.
“Hay varios supuestos que van desde en caso de reincidir en la misma. se llega hasta la destitución (del funcionario o comisionado) que le compete al Congreso del Estado”, refirió el presidente de CAIPEC.
Asimismo aspiró a que se cumpla la ley, porque no es grato el hecho que se imponga una sanción. Ya que la sanción no garantiza que se va a cumplir lo que gente esta pidiendo.
Mencionó que no sólo se requieren recursos económicos para cumplir con lo que marca la Ley, sino de voluntad política en el caso de los presidentes municipales, para atender los temas tan sensibles en los que la gente está más al pendiente de que se den los cumplimientos
Recomendó que el propio gobernante aproveche la Ley para publicitar sus acciones.
“Porque si el gobernante se aferra a no poner lo que por Ley tiene que hacer, encontraremos ciertas trabas en la aplicación del ejercicio del derecho”, concluyó.
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