México.- En su semanario denominado «Desde la fe», la Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, menciona en su editorial que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ha dejado en claro la crisis que hay en el sistema mexicano de justicia, y establece que no hay una verdadera impartición de ésta.
Este documento señala que a casi un año de los hechos de Iguala, el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y auspiciado por diversas organizaciones de México, resultó demoledor al echar abajo varias de las hipótesis del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien el 7 de noviembre de 2014, unos cuantos días después de la comisión de los delitos en Iguala, explicó el resultado de las indagatorias reunidas en un escueto informe donde se expuso la “verdad histórica” de la desaparición de 43 estudiantes, tras 487 dictámenes periciales, la detención de 99 personas, 385 declaraciones y las reconstrucciones de los hechos para concluir que los normalistas habían sido calcinados.
Dice que los expertos independientes han puesto de manifiesto la falta de pericia e ignorancia del personal de la Procuraduría General de la República (PGR). Las aseveraciones suponen que el ministerio público actuó sin diligencia, no realizó el debido procesamiento en la recopilación de pruebas e información para el esclarecimiento de la verdad. Contra lo que afirmó la PGR, el GIEI sentenció: los normalistas no fueron incinerados.
«Si las autoridades federales estaban ‘profundamente consternadas’, ahora se encuentran profundamente angustiadas ante la más grave crisis del sistema de procuración de justicia en nuestro país, un sistema profundamente descompuesto, viciado y corrupto, un sistema del que la mayoría de los mexicanos desconfía, y nos lleva a la convicción de que en México no existe una verdadera impartición de justicia».
Establece que a un año de los lamentables e indignantes hechos se vuelve al punto en el que la opinión pública muestra su consternación por la impericia y negligencia de un aparato fincado para cuidar de la imagen del gobierno y de las dependencias de la administración pública, en lugar de ser garante de la seguridad y del bien de cada persona, revelando que lo que menos interesa es la protección de los derechos humanos.
«Los crímenes de Iguala destapan el gran vacío del Estado de Derecho. El informe del GIEI exhibe la gran vulnerabilidad en la que estamos los ciudadanos por la incapacidad y torpeza de las instituciones responsables de la impartición de justicia, ahora dispuestas a analizar detalladamente lo que debieron indagar desde el primer momento de las desapariciones. En más de 600 páginas, el Grupo Interdisciplinario exhibe los principales males del sistema de justicia: el enquistamiento de la corrupción y la impunidad».
Se considera que en tanto se realizan los proyectos legislativos de creación de la Fiscalía General de la República, cuyo titular estará en el cargo por nueve años, diputados y senadores deben analizar con alta responsabilidad la naturaleza y competencia de un nuevo órgano que debería ser creado para la consolidación del bien común y la seguridad jurídica. Desde la experiencia que ha vivido el país, parece del todo inconveniente nombrar a una persona por tantos años para un cargo expuesto al desgaste, y vulnerable ante la incompetencia y corrupción de los miembros de esta diezmada institución.
«Nadie tiene derecho a hacer de esta tragedia un botín político; más bien, todos deberían colaborar a fin de que sea posible el esclarecimiento de este brutal crimen y los verdaderos culpables paguen ejemplarmente. Además, este hecho debe servir para hacer una depuración profunda del inoperante y corrupto sistema de justicia que se ha convertido en una vergüenza internacional», concluye.
