Colima.- Diputados aprobaron reubicar a la Contralaría General del Estado, de la estructura orgánica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, con la finalidad de otorgarle una mayor autonomía.
Sin injerencia de dependencias de la Administración Pública y dotándola de un amplio margen de actuación, que los lleve a proteger de mejor manera el manejo de los recursos públicos, fincados en una mayor transparencia, mejor rendición de cuentas y una eficaz supervisión del gasto público.
La Contraloría General del Estado como una unidad administrativa adscrita al Titular del Ejecutivo del Estado, tendrá facultades establecidas en el artículo 6 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública, no afectando en su esfera de competencia, ni entorpece el procedimiento de auditoría y fiscalización de la administración pública.
Aunado a esto, fortalecería a la seguridad del flujo de dinero del estado, y mantendría mejor informado al Gobernador del Estado sobre cualquier irregularidad, y poder actuar más rápido y eficaz, igualmente administrar de mejor manera nuestro Estado y mantener el buen funcionamiento de la cuenta pública, sacando el mayor provecho al erario público.
Articulo 10.-. La Contraloría General del Estado es la unidad administrativa, adscrita a la Oficina del Gobernador, dotada de autonomía técnica y de gestión, responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad administrativa; cuya organización, procedimientos y atribuciones serán las que determinen las leyes, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
Recordó que antes de la aprobación del documento, la Contraloría General del Estado dependía de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, lo cual acotaba su espacio para accionar sus facultades de auditoría y fiscalización interna de la Administración Pública del Estado.
Por lo que para la elaboración de este dictamen, se tomó en cuenta la realidad que vive nuestro Estado, en el tema de rendición de cuentas, el cual ha sido violentado por autoridades de alto rango, y necesita urgentemente, detener el flujo ilegal de dinero.
