Colima.-El presidente de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, informó que son correctos los señalamientos en contra Indira Vizcaíno Silva, sobre el supuesto fraude por más de 90 millones de pesos al realizar una cesión de terrenos a la empresa Altozano, mismo que ya señaló el Congreso del Estado de Colima,
Mendoza Godínez explicó que él, junto con su equipo, 15 días antes de tomar protesta como alcalde presentó estos hechos mediante oficio (con fecha del 01 de octubre de 2015) al cabildo anterior para que se llevara a cabo una revisión y se esclareciera el tema, sin embargo señaló que la respuesta nunca llegó.
El alcalde señala que una vez que llegaron a la administración, buscaron los expedientes del caso, los cuales estaban incompletos, por lo que tuvieron reuniones con el organismo fiscalizador, quien les dijo que era un asunto concluido y que no podía dar seguimiento.
Rafael Mendoza dice que este asunto es una falta grave al artículo 298 de asentamientos humanos del estado de Colima, ya que la concesión se realizó como área agropecuaria, cuando se usaría con fines comerciales, característica que devalúa el costo de dicha área.
“Lo incorrecto fue que este se diera antes de que las áreas fueran urbanizadas, ya que hasta entonces se podría saber el valor tasado del terreno de la permuta (…) todo esto se ha manejado de forma responsable y cuidadosa sin otro interés que el beneficio de los cuauhtemenses y en total apego a la legalidad”, indicó.
El alcalde explica que Altozano demandó por la vía administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, lo que permitió la nulidad de todos los actos encontrándolos como viciados de origen.
“La respuesta ante las instancias fue la de concedernos razón, pero desecharon nuevamente el recurso porque estábamos fuera de tiempo (…) está claro que la defensa le correspondía a la administración pasada y no a nosotros” refirió.
Sin embargo, el alcalde, hizo hincapié en que la parte que le corresponde al Congreso es la deslindar responsabilidades y la revisión de cuentas con los posibles responsables.
“Reitero, la administración pasada conocía la totalidad del acto, Indira Vizcaíno lo ejecutó de manera indebida, incluso falseándolo para su aprobación”.
El ahora alcalde de Cuauhtémoc dijo que su administración se declaraba a favor de una auditoria especial para que se esclarezcan los hechos y si fuera el caso que se corrija la percepción sobre el tema, “no pedimos otra cosa que la protección de nuestro municipio”.
“Cuando la presidenta municipal pidió una opinión al Osafig, Osafig le responde a la presidenta municipal cual tiene que ser el proceso, y nuevamente le hacen la observación de la permuta, del costo y cuando ella se presenta al cabildo les dice que todo está bien”.
El contralor Aldo Iván García Vargas explicó cómo han seguido el caso “El 20 de enero de 2016 Altozano demanda por la vía administrativa, el 12 de febrero solicitamos un amparo directo solicitando la nulidad de todos los actos considerándolos viciados de origen, el 25 de febrero interponemos recurso de queda y finalmente el 12 de agosto el recurso de revisión”.
Por su parte Altozano, señaló que todos los actos que ellos realizados están apegados a derecho.
“La explicación de terrenos es muy sencilla, el plan parcial de desarrollo urbano de Altozano se contempló la entrega al ayuntamiento de más de 7 hectáreas para destinarse a áreas verdes, las cuales están ubicadas al oriente 150 metros de la carretera de Chiapa al Ocotillo” señalaron representantes de la empresa.
Asimismo indicaron que la administración de Vizcaíno Silva consideró que el terreno que Altozano debía entregar en sesión no tendría un gran beneficio social, ya que tenía un difícil acceso y su ubicación no era la adecuada para beneficiar a la población.
“Por tal motivo el ayuntamiento solicitó que estos terrenos se cambiaran por otros terrenos, en los que fueran mejor localizados para que se beneficiara a la población, lo cual es una facultad que puede ejercer a la utilidad social que representaba la ubicación.
Es preciso dejar en claro que los desarrolladores urbanos solo están obligados a entregar sesión áreas de terreno en la cantidad de metros cuadrados en este caso fueron las 9 hectáreas en las que se desarrolló el recinto ferial de Cuauhtémoc, en donde está el complejo de seguridad pública y una hectárea para crecer el panteón municipal” explicaron.
También hicieron mención a que las áreas de sesión son única y exclusivamente para fines sociales, por lo que no pueden ser vendidas por el ayuntamiento, ya que la ley lo prohíbe.
“Los habitantes de Cuauhtémoc se han visto beneficiados con esta decisión que el ayuntamiento en turno, tomo en su oportunidad, ya que los otros terrenos no iban a tener un mayor beneficio social (…) estamos en la total disposición de atender cualquier requerimiento del Osafig, de entregarle toda la documentación necesaria para facilitar cualquier revisión que se realice y demostrar que todo está apegado a la ley nuestra empresa se caracteriza por ser transparente y a actuar en legalidad” sentenciaron.
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