Al señalar que el Ejército esta acusado de cometer desapariciones forzadas de personas, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en ese delito, pidió al gobierno de México retirar de las tareas de seguridad pública a las fuerzas castrenses.
Luego de concluir su visita a México, Ariel Dulitzky de Argentina y Jasminka Dzumhur de Bosnia Herzegovina, expusieron que desde que al Ejército le fueron asignadas tareas policíacas la institución fue acusada de la desaparición forzada de personas.
“El grupo reconoce el derecho y el deber del Estado de perseguir al crimen organizado, sin embargo, no se puede enfrentar esta desafortunada situación a expensas de los derechos humanos ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas”, dijo Dultzky.
Tras reuniones con autoridades, organizaciones y familiares de víctimas desde el pasado 18 de marzo, el grupo concluyó que los altos de impunidad en el país son un factor en contra para investigar y sancionar este delito. “Sólo hay dos servidores públicos consignados por la desaparición forzada de personas”.
Aunque “las desapariciones forzadas no pueden entenderse sin el contexto actual de violencia y criminalidad organizada, no todas las desapariciones pueden ser atribuidas al crimen organizado”, indicó Dulitzky.
Los especialistas consideraron que el Ejército no esta preparado en labores de seguridad pública, y al encargarle ese trabajo puede ser una amenaza de los derechos humanos de los mexicanos.
Por otra parte, el gobierno de México informó que en la reunión que funcionarios federales sostuvieron con el Grupo de Trabajo, destacó que la escalada de violencia generada por el crimen organizado obligó a que las fuerzas armadas participen en actividades de seguridad pública, “de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país”.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, informaron que el Ejército, en su convicción por respetar y proteger los derechos humanos de los mexicanos, ha aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante la presente administración.
Con información de Crónica.
