El Senado de la República aprobó este miércoles en lo general con 94 votos favor, cinco en contra y ocho abstenciones la Reforma Política, que incluye la reelección de senadores y diputados federales, así como las candidaturas ciudadanas.
Este ordenamiento, que modifica 16 artículos de la Constitución, prevé la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la sustitución del Ejecutivo federal en caso de falta absoluta, entre otros temas, agregó la agencia oficial.
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reservó siete artículos para su discusión en lo particular.
Sin embargo y a cuenta propia, el senador perredista Pablo Gómez reservó los 16 artículos que contiene el dictamen, como una forma de retrasar la aprobación de la Reforma Política.
Por su parte, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Emma Larios y Ramón Galindo, propusieron adicionar el Artículo 115 constitucional para reglamentar la reelección de presidentes municipales.
Al pedir el voto a favor del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y legislador del PRI, Pedro Joaquín Coldwell indicó según Notimex que ahora los ciudadanos podrán ser candidatos independientes, sin partido, a cargos de elección popular.
También se llena un vacío constitucional ante la posibilidad de la falta absoluta del Ejecutivo federal, para que asuma de manera provisional la Presidencia el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda o el secretario de Relaciones Exteriores, agregó.
A su vez, el líder de los senadores del PAN, José González Morfín, afirmó que se trata de una reforma moderna que empodera al ciudadano y renueva el sistema político mexicano, pues la alternancia no ha sido suficiente para ello.
«Ha llegado el momento de colocar al ciudadano en el centro del sistema político mexicano, de pasar del sufragio efectivo a la democracia participativa con temas como las candidaturas ciudadanas, para ir más allá de los partidos», agregó al anunciar su voto a favor del dictamen.
En nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Jesús Murillo Karam dijo que sufragarán a favor del dictamen para evitar una severa crisis en el país ante la posibilidad de que hubiera una falta absoluta del presidente de la República.
Sin embargo, el senador del PRD Pablo Gómez informó que a título personal votará en contra de la reforma por ser una «mera miscelánea» que no cumple con las expectativas generadas.
El senador perredista criticó la facultad que se da al Ejecutivo federal de vetar de manera parcial o total el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues es una falta de respeto a la Cámara de Diputados.
Esta norma otorga la facultad al Ejecutivo federal de hacer observaciones parciales o totales al Presupuesto de Egresos de la Federación y la reconducción presupuestal.
La Reforma Política avalada en lo general también incluye la iniciativa preferente, por la cual el Ejecutivo podrá presentar dos proyectos al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
A su vez, el Senado y la Cámara de Diputados deberán dictaminar dichas iniciativas presidenciales en un periodo no mayor a 30 días, de lo contrario se considerarán dictaminadas como las mandó el gobierno federal.
Si el Congreso no alcanza a cumplir los plazos legales, la aplicación de la reforma política podría postergarse hasta los comicios federales de 2015.
La Reforma Política también plantea la sustitución el Ejecutivo federal en caso de falta absoluta, quien sería sustituido por el secretario de Gobernación como presidente provisional, o en su caso por los secretarios de Hacienda o de Relaciones Exteriores.
También se incluye la reelección consecutiva de diputados federales y senadores, con un límite de dos reelecciones para los primeros y una para los segundos.
Además, otorga al Senado la facultad de ratificar a los titulares de los órganos reguladores como las comisiones Federal de Telecomunicaciones, Federal de Competencia y Reguladora de Energía, que serán designados por el Ejecutivo.
Con la reforma se crea la figura de la consulta popular, que podría ser convocada por el presidente o por el Congreso a petición de la ciudadanía, si ésta cuenta con el respaldo de 2% de la lista nominal de electores, lo que equivale a unos dos millones de personas.
Con información de Notimex.
