Ciudad de México.- El diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES), presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, urgió a focalizar el fenómeno de refugiados solicitantes de asilo en México, cuyo número de peticiones se incrementó en 638 por ciento, de 2013 a 2016; en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, aumentaron en 400 por ciento en el mismo lapso.
La mayor cifra de solicitudes de refugio se debe a la falta de respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que tienen que salir de sus países de origen, derivado de la violencia, guerras o delincuencia, por lo que, dijo, “los refugiados es un tema importante para la agenda legislativa”.
En la reunión “Marco para Integración de Respuestas de Protección y Soluciones para los Refugiados”, efectuada en San Lázaro, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentaron a los diputados el Diagnóstico Participativo, investigación realizada en cinco estados y la Ciudad de México, con la colaboración de 70 organizaciones civiles, refugiados, académicos, agencias de Naciones Unidas y autoridades, para exponer la problemática de este sector y sus propuestas para atenderla.
Guízar Valladares refirió: “este análisis es oportuno para que diseñemos iniciativas legales que adecuen el marco jurídico actual, en particular la Ley de Migración
, a fin de traducirlas en políticas públicas”.
Planteó adecuar algunas reglas de operación de proyectos que apoyan al migrante, para que los refugiados tengan acceso a los beneficios de programas sociales como el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), destinado a familias de migrantes que envían remesas a México.
“Si logramos incorporar el concepto de migrantes en calidad de refugiados a estos programas y que las reglas de operación que emite la Secretaría de Hacienda lo permitiera, sería un gran logro”, destacó.
Afirmó que integrar a la vida productiva de México a casi seis mil refugiados registrados, es primordial para que no sólo sean vistos con un enfoque asistencialista en los programas sociales, sino que formen parte del país; en la Comisión, añadió, “no vemos la política migratoria como un asunto de partidos, sino como cuestión de Estado e institucional, lo cual ha permitido la colaboración con las organizaciones civiles para hacer adecuaciones al marco jurídico”.
Resaltó la iniciativa que establece al agente migratorio como la única autoridad competente para solicitar a los viajeros su condición migrante, y no el Ejército, la Marina ni la Policía Federal, y que esas corporaciones sólo coadyuven a la seguridad.
En la estructura programática del Paquete Económico para 2018 ya está incluido el Fondo de Apoyo a Migrantes, sólo falta considerar el monto etiquetado, lo cual es una buena noticia y un avance para atender las necesidades de ese sector, porque en el proyecto anterior no estaba contemplado, indicó.
La diputada María Luisa Sánchez Meza (PAN) refirió que en Baja California se observa un fenómeno migratorio nunca visto con la llegada de haitianos, africanos y centroamericanos que buscan cruzar hacia Estados Unidos; ya lo lograron 4 mil 800 personas, pero se quedaron 4 mil 700, y algunos ya entraron a diversos programas de apoyo.
De 2013 a 2016, el número de solicitantes de reconocimiento de refugiado en México se ha incrementó en 678 por ciento; las cifras de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en esta figura han cuadruplicado las peticiones.
En 2013 se registraron 61 solicitudes de menores no acompañados, 2016 cerró con 242, y en lo que va del año se han recibido 159 peticiones.
La tasa de reconocimiento en México a la población extranjera que solicita protección internacional es una de las más altas en América Latina, ya que en 2016 se le otorgó al 62 por ciento de las personas que concluyeron su trámite ante la Comar.
Se propuso instaurar un programa de información compartido entre la Comar y el Instituto Nacional de Migración, para que los refugiados reciban un documento que los certifique en esta figura. Actualmente, los migrantes pueden acceder por 90 días al Seguro Popular, pero los solicitantes de asilo quedan fuera de la cobertura de este servicio por la tardanza en que se les entrega un certificado que avale su situación en el país.
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