Ciudad de México.- Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refirió que México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de los intereses políticos.
Señaló que México se debe mejorar el funcionamiento de los ministerios públicos y las fiscalías, además recordó que la ONU apoya el intercambio de experiencias entre países de Latinoamérica, porque es útil para comparar los escenarios que se han enfrentado para combatir la impunidad.
Los comentarios se realizaron en el marco del seminario internacional “Los ministerios públicos y el combate a la impunidad en América Latina: reflexiones desde la experiencia de Perú, Brasil, Chile, Guatemala, Argentina y México” organizado por el Senado de la República Mexicana.
Por su parte, el senador Manuel Bartlett Díaz, presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD), señaló que México tiene una crisis en materia de justicia al no contar con un Procurador General de la República, ni fiscales antocorrupción y para delitos electorales.
“Tenemos que pasar a la reconstrucción de este sistema destruido desde adentro. Porque no es una casualidad que carezcamos de estos tres funcionarios en este momento, no es una casualidad, es parte de la corrupción”
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, indicó que distintas organizaciones de la sociedad civil están trabajando en una serie de reformas que permitan impulsar un cambio radical en la arquitectura institucional de la Fiscalía Anticorrupción y en el nombramiento de su titular.
Expertos internacionales de Latinoamérica en derecho penal plantearon que la especialización en unidades de investigación y fiscales generales es el activo más adecuado para resolver delitos, así como generar protocolos de certificación de personal a través entidades independientes.
En las tres mesas de análisis los especialistas abordaron los mecanismos de control contra la impunidad. La rendición de cuentas de las fiscalías y los fiscales, así como los mecanismos de persecución para la persecución de América Latina.
Durante el seminario los panelistas coincidieron en que la impunidad se debe combatir mediante instituciones autónomas y con un modelo de política criminal preventiva. BP
