Colima.- Los diferentes Sindicatos de trabajadores del estado de Colima coincidieron en que es necesaria una reforma a la Ley de Pensiones.
Sin embargo señalan que la actual iniciativa, que presentó el Gobierno del Estado, no da certeza jurídica y violenta los derechos de los trabajadores.
Este miércoles 29 de noviembre, en reuniones de trabajo con los diputados del Congreso del Estado, los sindicatos propusieron sus adecuaciones a la iniciativa hecha por el Ejecutivo estatal.
La Federación de Sindicatos, en voz de Teresa Ramírez Guzmán, solicitó al Osafig una auditoría para que primero se investigue dónde quedó el dinero que hace años (no especificó cuándo) les desapareció y aún no se sabe quien se lo llevó, antes de aprobar esta iniciativa.
También a través de Héctor Arturo León Alam, líder del Sindicato del Ayuntamiento de Colima, pidieron tener certeza de cómo el Congreso o el Gobierno apoyarán a los Ayuntamientos a cumplir con los pagos correspondientes.
Ya que, aseguran, que desde que los presidentes municipales firmaron la iniciativa con el gobernador, estos dejaron de aportar a pensiones.
Por su parte, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, requirió una auditoría al Osafig para saber como se pasará el dinero de la dirección a la Institución de Pensiones como lo propone el Ejecutivo.
Además coincidió en que tienen que dejar claro cómo se pagará lo que se debe.
«No podemos dejar de hablar del pasado, se tiene que concluir».
Consideró que también es injusto que en la nueva Ley, como lo busca la propuesta, el trabajador tenga que aportar el 10 por ciento y el gobierno solo el 5.8 por ciento.
Consideró que el fondo inicial, para que el Instituto de Pensiones funcione, debe ser de mil 500 millones de pesos.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, a través de Bernardo Alfredo Salazar Santana, pidió que la Ley tenga un orden jurídico.
Además indicó que se abstenía de dar un posicionamiento sobre la iniciativa, atendiendo al carácter jurisdiccional de esta soberanía con la finalidad de que su opinión no sea utilizada como referente interpretativa en una cuestión de derecho laboral.
“Se reconoce el derecho expedito que tienen en lo individual y en lo colectivo nuestras trabajadoras y trabajadores para acudir si así lo desean, a las instancias jurisdiccionales correspondientes en caso de que se vulneren sus derechos”.
El diputado Héctor Magaña Lara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales mencionó que el Osafig ya está haciendo las investigaciones correspondientes sobre el dinero extraviado y está por concluir las averiguaciones.
De las que se dará a conocer los resultados en próximas fechas.
Magaña Lara señaló que actuará con responsabilidad para no violentar ningún derecho del trabajador al aprobar una nueva Ley de Pensiones.
“Analizaremos sus propuestas para hacer las adecuaciones correspondientes”.
Además de expresar en tribuna su sentir, cada Sindicato, también entregó las peticiones por escrito y en digital a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.
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