Colima.- Con el objetivo de reconfigurar el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, regular los juicios en materia contenciosa administrativa y fiscal, así como resolver sobre la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso del Estado la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.
El mandatario estatal explicó que se prevé al Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano estatal autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades y con plena jurisdicción para emitir y ejecutar sus fallos.
El Tribunal formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.
Dicho órgano contará esencialmente con dos funciones: Conocer y resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades estatales y municipales con relación a los particulares, o las que surjan entre éstas.
Además de conocer y resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves promovidas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), la Contraloría General del Estado y las contralorías de los municipios.
Esta función actualmente corresponde al Poder Legislativo, es decir, un órgano eminentemente político es el encargado de imponer sanciones derivadas de responsabilidades por la revisión de la cuenta pública, con la propuesta de nueva Ley, esta facultad pasará al Tribunal, como órgano jurisdiccional, especializado y técnico en la materia.
El gobernador señaló que se impulsa esta iniciativa de Ley que forma parte del paquete de nuevas leyes y reformas que se han venido promoviendo para dar operatividad al Sistema Estatal Anticorrupción y dotar a las autoridades de control correspondientes de las atribuciones y herramientas necesarias para poder investigar, substanciar y sancionar las faltas en materia administrativa.
El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará con carácter de colegiado, es decir conformado por tres magistrados que actuarán de manera individual y en pleno. Además el Tribunal tendrá un presidente, que será el magistrado que por mayoría de voto de los demás magistrados sea elegido para fungir como tal, cuya duración en el cargo será de dos años.
El funcionamiento administrativo del Tribunal y sus servidores públicos será vigilado por un órgano interno de control dotado de plena autonomía de actuación, por lo que se propone que el nombramiento de su titular lo realice el Congreso del Estado con el voto mayoritario de sus miembros, a propuesta en terna que le haga el pleno del Tribunal. BP