Ciudad de México.- Este viernes 8 de diciembre, Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios y Asesorías para la Paz A.C. (Serapaz), fue galardonado con el premio Nacional de Derechos Humanos 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno Federal.
Serapaz es un organismo civil sin fines de lucro que busca servir a la paz y la transformación de conflictos sociales a través de la promoción y articulación de procesos e iniciativas civiles, investigación y producción editorial, capacitación, asesoría y seguimiento de procesos que contribuyen a la paz.
Entre los grupos que apoya esta asociación están los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y demás grupos en contra de las desapariciones forzadas.
La CNDH destacó que Álvarez Gándara mereció el reconocimiento por su destacada trayectoria en la promoción efectiva de los derechos humanos y su diálogo permanente a favor de la construcción de la paz.
En su discurso de recepción, el galardonado pidió al gobierno no aprobar la Ley de Seguridad Interior y construir estrategias de diálogo para asumir los retos que necesita el país en materia de seguridad, y así asegurar la paz de todos los sectores sociales, sobre todo a los más agredidos.
«En el deplorable caso que la Ley de Seguridad Interior fuera promulgada, animo a la CNDH para que se apegue al artículo 105 constitucional y ejercite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de Inconstitucionalidad que abra el camino para su invalidez».
Instó al gobierno a construir una nueva política y sistema nacional de seguridad con énfasis en la proximidad social, además de impulsar una fiscalía autónoma que sirva para combatir la impunidad y corrupción.
Álvarez Gándara señaló siete temas prioritarios para avanzar en la agenda de derechos humanos:
1. Cumplimiento de la ley de desapariciones forzadas y fomentar la participación de las familias
2. Cumplir con los acuerdos hechos con el comité de padres y madres de Ayotzinapa, además de seguir recomendaciones hechas al caso.
3. Respetar el derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas a la libre autodeterminación de su territorio
4. Fortalecer medidas para la defensa de mujeres, migrantes, jóvenes, periodistas, defensores de derechos humanos.
5. Respaldo serio a la constitución de una nueva Fiscalía General de la República como órgano autónomo del Estado.
6. Alentar, en lugar de limitar o perseguir, las propuestas políticas de los movimientos sociales que se manifiestan.
7. Consolidar el diálogo con los diversos grupos de conflicto, entre ellos el magisterio.
«Me permito urgir a los tres poderes a asumir medidas inmediatas que aceleren rutas y soluciones a estos retos estratégicos para abrir una etapa nacional en el paradigma de la paz».
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