Ciudad de México.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley de Seguridad Interior; no obstante, aclaró que no emitirá una declaratoria de protección hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.
Desde su presentación como propuesta de ley, previo a su aprobación por las cámaras de diputados y senadores, fue rechazada por diversas instituciones encargadas de proteger los derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Inclusive la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al presidente no promulgar la Ley por considerar que emplea conceptos ambiguos, genera confusión sobre los términos que emplea y consolida un modelo de seguridad que no ha dado resultados, además de atentar contra los derechos humanos.
La tarde de este jueves 21, Peña Nieto aclaró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación el árbitro legitimado para tomar una resolución definitiva sobre la ley.
Durante la 43° Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente anunció la promulgación de la ley al tiempo que dio la bienvenida a su análisis.
“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo Tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una Ley una vez que ésta ha sido promulgada”.
Sin embargo, el presidente aclaró que esto no significa que dejará de existir intervención de la federación en los estados que necesiten auxilio en materia de seguridad.
“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso, no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta Ley, hasta que el máximo Tribunal decida sobre su constitucionalidad”.
El presidente también insistió que la ley da certeza jurídica al actuar de las fuerzas armadas, pero establece límites de uso discrecional de las mismas, para no eximir a las autoridades locales de sus responsabilidades.
Otro de los puntos que destacó fue la necesidad de que las autoridades estatales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población del crimen.
“México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población”.
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ONU-DH llama a Peña Nieto a no promulgar Ley de Seguridad Interior
