Estado de México / Víctor Sandoval.- José Artemio Zúñiga, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Nezahualcóyotl, resolvió vincular a proceso al exgobernador de Quintana Roo, Roberto «N», por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La vinculación se logró la madrugada de este viernes 5 de enero, después de poco más de 14 horas de audiencia, donde los representantes del Ministerio Público Federal expusieron los datos de prueba contra el imputado.
El impartidor de justicia determinó que el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada durante todo el tiempo que dure el proceso, como medida cautelar ante el riesgo de fuga del exmandatario.
La medida cautelar fue solicitada por la PGR y deberá cumplirse en el Cefereso número 16 del estado de Morelos, además de que el juez dictó seis meses para el cierre de la investigación.
El juez ordenó que Roberto «N» sea trasladado al centro de rehabilitación psicosocial para ser atendido de «depresión y ansiedad», así como de problemas renales que argumentó sufrir.
Roberto «N» está acusado por el delito Federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de ocultar o pretender ocultar bienes de territorio mexicano con conocimiento que estos proceden de una actividad ilícita.
En la primera audiencia celebrada la tarde del jueves 4 de enero, la autoridad ministerial señaló que estas actividades ilícitas se realizaron desde abril de 2011 a septiembre de 2016, período en el que el imputado se desempeñó como gobernador de Quintana Roo.
Durante la formulación de acusaciones, los fiscales argumentaron que el inculpado actuó en coautoría con familiares y su círculo más cercano, entre ellos su madre, para nombrar a Claudia «N» como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario a fin de adquirir 22 predios localizados en Tulum, Benito Juárez, Islas Mujeres a través de Testaferros y empresas fachadas.
Dichos predios, de acuerdo a las autoridades, primero fueron adquiridos y después vendidos en 238 millones 790 mil 121.98 pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos. Es decir que hubo un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.
El desfalco es equivalente al presupuesto anual de 2017 para el pago de nómina de todos los integrantes de las fuerzas armadas.
Sin embargo, sólo se pudo comprobar que de los 22 predios, pretendieron ocultar tres transacciones por las empresas fachada, las 19 restantes fueron aseguradas.
Estos fueron adquiridos y después vendidos también a un costo de 17 millones 357 mil 455.88 pesos, cuando el valor real era de 129 millones 235 mil 235 pesos, una diferencia de 111 millones 877 mil 759 pesos de quebranto.
Las acusaciones en contra del ex mandatario las realizaron Roxana Lilí Campos Miranda, consejera jurídica del ejecutivo del estado de Quintana Roo, Carlos Flores Hidalgo, director General del Instituto del Patrimonio de la entidad y Angel Vargas Mitre, director de procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Cabe destacar que el juez de control decretó varios recesos a lo largo de cinco horas, debido al mal renal que padece el ex gobernador lo que lo obligó a ir varias veces al sanitario.
Derechos Reservados AFmedios
