Estado de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) confirmó haber recibido información sobre la presunta criminalización de defensores de los derechos humanos en la comunidad indígena de San Pedro Tlaxnico, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México.
Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, que defendían el derecho al agua de la comunidad, fueron condenados a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017 por hechos ocurridos en abril 2003 que culminaron con la muerte de un empresario floricultor de Villa Guerrero.
Tras el análisis de la información recogida, incluida la contenida en el propio expediente judicial, ONU-DH considera que la administración no habría observado el derecho al debido proceso legal de los defensores en todas sus dimensiones.
Desde la década de los años 80 la comunidad indígena de Tlanixco, perteneciente al municipio de Tenango del Valle, vive un conflicto con el sector floricultor del municipio colindante de Villa Guerrero por el uso del agua.
En la referida comunidad el uso primordial es para consumo humano, mientras en el segundo municipio es para fines comerciales.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del Estado de México establecieron mesas de diálogo para buscar una solución al problema, pero ésta no se ha alcanzado.
El 1 de abril de 2003, tras el ingreso a Tlanixco de forma inesperada de 12 personas de Villa Guerrero, se sucedieron una serie de eventos que culminaron con la muerte de Alejandro Isaak Basso, empresario floricultor de Villa Guerrero.
A raíz de esos hechos varios comuneros de Tlanixco fueron detenidos y seis defensores indígenas condenados.
ONU-DH expresó su preocupación por la falta de garantías al debido proceso en el juicio, en particular en relación con: la presunción de inocencia, la valoración de los testimonios, la individualización de la pena y la duración de la prisión preventiva.
El actual proceso de apelación es una oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violado.
«[Esta] secuencia de violaciones al debido proceso legal puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia».
Jan Jarab, representante en México de la Oficina recalcó que a 15 años de la muerte del Sr. Basso, los hechos permanecen sin ser esclarecidos y que los defensores han pasado más de diez años en prisión sin recibir una sentencia.
«No se cuenta con elementos de convicción suficientes más allá de toda duda razonable para determinar la condena y existen circunstancias que presumen un incumplimiento de las garantías».
Además, aseguró que el impacto causado por ese proceso judicial repercute no sólo en las vidas de los defensores sino en toda la comunidad de Tlanixco, que perdió a sus líderes y vio así altamente debilitada la defensa colectiva de sus derechos humanos.
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, consideró que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas mediante un uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos». BP
