Nuevo León.- La LXXV Legislatura del Estado de Nuevo León aprobó una Ley para garantizar el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, con lo que penaliza el aborto, aunque se trate de un embarazo que ponga en riesgo la vida de la mujer gestante o sea producto de una violación.

La medida ha causado revuelo pues transgrede la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual señala que la penalización de la interrupción es inconstitucional.

La reforma al artículo 1 de la Constitución del Estado reconoce que existe vida humana desde el momento de la concepción, por lo que reconoce los derechos jurídicos desde ese momento.

El argumento de la Legislatura se basa en establecer un derecho de igualdad entre humanos nacidos y no nacidos, pues de no hacerlo considera que se estarían “violentando sus derechos humanos”.

“Consideramos que lo correcto es que este Congreso adopte las medidas positivas para reconocer plenamente este derecho en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que es indispensable que nuestra Norma Fundamental Local consagre este derecho.”

Con la aprobación de la reforma, se adiciona un segundo párrafo que quedaría de la siguiente manera:

“Artículo 1.- […] El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.”

Reacciones

Organizaciones feministas y de derechos humanos mostraron su rechazo a la reforma a través de manifestaciones en el recinto, en redes sociales y en diversos puntos del estado.

Organizaciones civiles han mostrado su rechazo argumentando que la medida fue realizada e manera opaca y criminaliza el derecho de las mujeres a decidir.

La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que negar el acceso de la mujer a decidir es un tema de violencia de género y discriminación.

“Esto no es un tema de aborto, es un tema de criminalización, es un tema de privación de la libertad.”

Durante la presentación de las estrategias emergentes para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y niñas, la titular de la Segob explicó que buscan establecer un Código Penal Único desde el cual se pueda abrir una puerta para no criminalizar a la mujer por abortar.

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