Colima.- Tras los recientes hechos de violencia registrados en la entidad incluido el que involucra al ex secretario de turismo, Efraín Angulo Rodriguez, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica de Colima (CCSP) emitió el siguiente posicionamiento.
El Consejo también señala que este mismo posicionamiento ya ha sido manifestado directamente con las autoridades responsables de la seguridad y la justicia en Colima.
La función del Consejo Ciudadano es la observación y seguimiento de los asuntos que afectan la seguridad de nuestro Estado, una labor de cooperación en el establecimiento de estrategias y de evaluación de los resultados en materia de seguridad que entregan a la ciudadanía las autoridades encargadas de estos temas.
Mediante el comunicado, dicho Consejo condenó cualquier acto criminal en contra de la ciudadanía y en especial aquellos hechos que tienen como consecuencia la pérdida de vidas humanas.
El pronunciamiento señala que el CCSP no es un órgano de reacción o de emergencia ante situaciones de criminalidad y en muchos casos, es preciso dejar pasar un lapso en aras de conocer los datos mínimos que nos lleven a formular una opinión y poder emitir comentarios informados y a tono con cada circunstancia.
«Desde este Consejo Ciudadano estaremos siempre del lado de las víctimas, siempre trabajaremos para defender los derechos a los que somos merecedores los ciudadanos, tanto en lo individual como en lo general …(Sic)».
Con respecto a los hechos que recientemente envolvieron al ahora ex secretario de turismo del gobierno del Estado, el Consejo se pronunció en este sentido.
«Condenamos y lamentamos la pérdida de vidas humanas en hechos criminales, pasados o actuales y condenamos el uso de la violencia contra cualquier ser humano. Nos pronunciamos por el derecho a la vida de todas las personas».
«Reiteramos nuestro rechazo a que cualquier persona, sea juzgada o discriminada por autoridad alguna o de manera masiva por la gente, con base en su color de piel, raza, religión, sexo o preferencia sexual, o cualquier otra que implique una discriminación hacia sus derechos».
«Exigimos a la Fiscalía General del Estado que en éste, como se espera en todos los casos, se conduzca una investigación basada en la autonomía que le otorga la ley, que sea limpia, transparente y apegada a la verdad que esclarezca los hechos y brinde certeza a los involucrados, pero sobre todo, que proteja a las víctimas y garantice en especial los derechos de los menores de edad. Que castigue a los culpables de estos lamentables sucesos, sin importar afiliación política o cargo público que ostenten los involucrados, pero a la vez, que se protejan los derechos de todos sin discriminarlos o perseguirlos por estas mismas razones, tratándolos en un marco legal equitativo y por tanto, tratando como iguales a todos los involucrados, reconociéndoles sus derechos como ciudadanos. En conjunto con esta exigencia, reiteramos el compromiso de vigilar desde el alcance de nuestras atribuciones, que este proceso sea establecido bajo esas mismas condiciones por la autoridad responsable y se resguarde en todo momento el respeto a los derechos de los implicados».
«Rechazamos de igual manera el que, mediante el uso irresponsable de las redes sociales donde, aunque cierto es que cada quien es dueño y libre de expresar su opinión, también pedimos no se utilice esta libertad para extender un juicio público que agreda a cualquier persona, como ya se mencionó antes, afectando sus derechos y garantías individuales o revictimizandolos e incluso, afectando gravemente la protección de los derechos de menores de edad al compartir nombres y fotografías. La mayor utilidad de las redes sociales debería ser generar información de valor para la sociedad en su conjunto por lo que debemos ser conscientes que un juicio sumario bajo este tipo de circunstancias y en muchos casos contando con muy poca información real -desafortunadamente lo vemos en muchos casos- lejos de unirnos como colectividad, nos dividen y generan odios y resentimientos que no pueden servir a ningún propósito positivo».
«Dado que no somos un organismo de impartición de justicia, nosotros no decidiremos quien tiene la razón, quien carece de ella o la responsabilidad de alguno de los implicados, existen autoridades responsables y capacitadas académica y jurisdiccionalmente para emitir estos juicios (de quienes también estamos pendientes de su actuar) y que deberán en su caso analizar las pruebas presentadas y determinar los grados de responsabilidad del que cada individuo sea acreedor».
«En esta parte del proceso, exigimos también que se respeten los derechos legales y personales de los involucrados sin mediar prebendas o coartar los derechos de las víctimas bajo ninguna circunstancia».
Reiteramos una vez más nuestro compromiso de representar los distintos puntos de vista de la sociedad en su conjunto, de las familias afectadas, de buscar el respeto a las garantías de los menores y de trabajar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, porque nosotros mismos siendo ciudadanos, hemos hecho un compromiso de velar por todos los que conformamos esta comunidad y que debemos fortalecer en este derecho fundamental de todos a la seguridad.
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