Ciudad de México.- El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó por unanimidad en su primera sesión extraordinaria 2019 adecuar el formato de la declaración patrimonial y de conflicto de intereses, estableciendo un plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo determina que los formatos aprobados serán obligatorios para los servidores públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, una vez que se encuentren debidamente integrados y correctamente segmentados.
Además de que estén plenamente adecuados al marco jurídico aplicable y se garantice la interoperabilidad con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional.
En la sesión, la titular de la Secretaría de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseveró que desde esta Dependencia se tiene la voluntad y el compromiso de impulsar, junto con el resto de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como con sus pares en las entidades federativas y con las y los ciudadanos, una revisión profunda que permita implementar un formato de declaración patrimonial y de intereses adecuados a la realidad del país.
Lo anterior, expuso, con la finalidad de que constituyan una herramienta clave y efectiva para el combate a la corrupción estructural.
Expuso que diversos estudios sobre las mejores prácticas internacionales en esta materia apuntan que un buen formato de declaraciones es aquel que logra tener un adecuado equilibrio en la cantidad de información que se le requiere al declarante y la calidad de la misma, de los puestos clave que representan un mayor riesgo de corrupción.
La Función Pública procedió a realizar un análisis del formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses aprobado por el Comité Coordinador del SNA y publicado el 16 de noviembre de 2018, identificando, entre otros puntos, que de aplicar esos nuevos formatos no se podría analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos, pues sólo 15 por ciento de la información que se posee en los sistemas actuales es compatible con el formato publicado.
Sandoval Ballesteros señaló que ahí radica la importancia de que dichos instrumentos sean funcionales, interoperables con otros sistemas, y que conserven la historia registral que se posee, pues de lo contrario se corre el riesgo de convertirse en un sistema ineficiente y burocratizante.
Además, expuso que debieron haberse contemplado tres tipos de declaraciones: inicial, de modificación y de conclusión; sin embargo, los funcionarios de la administración pública federal anterior sólo se consideró la inicial, y con ello se omitió la obligación de presentar su declaración de conclusión con los nuevos formatos.
Agregó que también existen rubros del formato que no permiten la opción “no aplica” o “ninguno”, o que podría llevar a la confusión de los declarantes y deficientes llenados, manifestó.
En los formatos aprobados en noviembre se solicita al declarante una gran cantidad de información que podría obtenerse con una mayor coordinación entre autoridades gubernamentales, refirió.
Aunado a esto, afirmó que es necesario considerar el incremento sustancial de servidores públicos obligados a presentar su declaración.
En la Administración Pública Federal se estima que la cantidad de servidores públicos obligados a presentar estas declaraciones pasará de 250 mil a 2 millones, de entre los que se encontrarán maestros, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento e intendencia, quienes de conformidad con la redacción actual del formato estarían obligados a llenar cerca de 780 campos, en contraste con 216 campos que tiene el formato de DeclaraNet actualmente.
La secretaria Sandoval Ballesteros agradeció el respaldo de los Contralores Estatales que se manifestaron públicamente en la Primera Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, celebrada el 8 de febrero del año en curso, donde hicieron patentes sus observaciones al formato aprobado en noviembre.
La Secretaría de la Función Pública reafirma su compromiso con la legalidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, con la finalidad de restaurar la confianza de la sociedad en el Gobierno de México.
En la sesión estuvieron presentes, José Octavio López Presa, Presidente del Comité Coordinador del SNA; el Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Alfonso Pérez Daza, Consejero de la Judicatura Federal;David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; María de la Luz Mijangos Borja, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, y Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA.
