Colima.- De acuerdo al reporte emitido por el Índice de Paz México (IPM) 2018, la entidad más pacífica de la República en el 2018 fue Yucatán, mientras que Baja California, fue la menos pacífica del país.
Mientras que el estado de Colima se ubicó en el tercer lugar de las entidades menos pacíficas del país. En el 2017 se ubicó en la segunda posición, es decir, mejoró solo una posición.
Yucatán fue el estado más pacífico, seguido de Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo.
Sin embargo, el año pasado estos cinco estados registraron un incremento en sus tasas de homicidios, lo que concuerda con la tendencia nacional.
Tres de los cinco —Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo— presentaron un deterioro en sus calificaciones del Índice de Paz en 2018, lo que indica que la escalada de violencia ha alcanzado incluso a las zonas más pacíficas del país.
Baja California se ubicó como el estado menos pacífico de México por primera vez en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.
Cabe señalar que estos cinco estados menos pacíficos presentaron un deterioro en 2018 y la escalada de violencia abarca toda la geografía del país ya que Guerrero, Colima y Baja California se encuentran sobre la costa del Pacífico; Quintana Roo está en el mar Caribe, y Chihuahua se localiza en la frontera con Estados Unidos.
Las calificaciones de estos estados fueron bajas prácticamente en todos los indicadores.
La mayor mejora de todos los estados correspondió a Baja California Sur, que subió siete lugares en la clasificación, de la posición 32 en 2017 a la 25 en 2018.
Este estado ha reducido su tasa de homicidios en 76 por ciento, de 105 a 26 por cada 100 mil habitantes. Baja California Sur fue el único estado del país en lograr ser más pacífico en todos los indicadores.
Las intervenciones gubernamentales dirigidas localmente que incluyen múltiples aliados han demostrado ser efectivas.
En los tres estados con mayores mejoras en el IPM pero del 2019 —Baja California Sur, Sinaloa y Sonora—, los gobiernos pusieron en marcha programas específicamente creados para atender los retos locales.
Todos esos programas incorporaron mecanismos intergubernamentales, con la participación del sector privado y la sociedad civil.
La profesionalización y el aumento de la capacidad serán críticos
El reporte IPM refiere que México sigue enfrentando altos índices de corrupción. En 2018, casi 70 por ciento de los mexicanos creían que los jueces eran corruptos y más de 65 por ciento tenían la percepción de que en el Ministerio Público, la institución a la que deben denunciar un delito, había corrupción.
Este porcentaje es mayor entre las personas que han sido víctimas de un delito, pues llega a 78 por ciento de los encuestados.
«Pese a los elevados índices de homicidios, delitos con violencia y crímenes de la delincuencia organizada, los estados registraron en 2017 una media de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que evidencia la falta de capacidad humana».
Esta proporción representa menos de la mitad del promedio del resto de América Latina.
De acuerdo con los datos más recientes, México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16.
El déficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a que haya bajas tasas de condenas.
El reporte del IPM califica de alentador que en los últimos años ha habido mejoras en la capacidad del sistema judicial.
“Por ejemplo, el número de agencias del Ministerio Público se incrementó 8 por ciento, y la proporción de Ministerios Públicos que cuentan con especialistas en delitos graves, como homicidio y violación, ha aumentado de 15 por ciento a casi una tercera parte de las agencias desde 2016”.
Además, el presupuesto per cápita de los Ministerios Públicos estatales se incrementó 20 por ciento en el mismo periodo, y el personal de las procuradurías generales de justicia estatales creció 3 por ciento en los dos últimos años.
Será necesario que México siga destinando una mayor inversión a la capacidad del sistema de justicia penal y mejore la distribución presupuestaria para revertir la tendencia de violencia creciente.
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