Con la intención de inhibir el robo de cobre y otros metales utilizados en instalaciones eléctricas, hidráulicas, de telecomunicaciones, agrícolas, gas natural y de drenaje, el diputado José Manuel Romero Coello propuso que ese ilícito sea catalogado como grave al tipificarlo como robo calificado, por el cual el inculpado no pueda obtener la libertad bajo fianza.
En su iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Colima, turnada a comisiones para su análisis, el diputado priista estimó que el robo de piezas de cobre, aluminio, cables, tapas, conectores y medidores, así como de otros elementos utilizados para el riego agrícola, en gran parte se debe al alto valor y la cuantiosa ganancia que representa para los hurtadores la comercialización de esos productos.
Señaló que tan sólo del mes de noviembre del año 2010 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima ha registrado 58 indagatorias relacionadas con ese tipo de robos, que afectan gravemente a colonos, empresarios y agricultores, ocasionando con estos actos un daño colateral a la comunidad en general
Romero Coello expuso que las disposiciones vigentes en el Código Penal del Estado contemplan como simple el robo de cobre y otros metales en instalaciones eléctricas, toda vez que no se encuadra en ninguna de las calificativas previstas por el artículo 227.
Ante ello, el legislador por el municipio de Colima pretende la adición de una fracción más al inciso B) del artículo 227 del Código Penal, para castigar no sólo al que sustraiga o se apodere ilícitamente de esos bienes, sino también a quien comercialice estos materiales obtenidos de manera ilegal o a quien los tenga en su poder.
Asimismo, en su iniciativa de ley, José Manuel Romero plantea que si en esos actos ilícitos participa un servidor público, se le aumentará la pena hasta una mitad más y se le inhabilitará seis años para ocupar cargos públicos.
De aprobarse la iniciativa de reforma al Código Penal, la pena para quien sustraiga, se apodere, comercialice o detente de manera ilegal cobre o algún metal cuya utilización sea aplicada en instalaciones de energía eléctrica o hidráulica, telecomunicaciones, agua potable, gas natural, drenajes y/o partes de equipamiento industrial, agrícola, urbano y todo aquel que esté en propiedad y posesión del estado o municipios, sería hasta de 15 años de prisión.
Finalmente, destacó que Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Tabasco, han establecido como agravante el robo de cualquier componente o implemento utilizados en la prestación de algún servicio público, tales como alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, telecomunicaciones, gas natural o señalización vial, que estén bajo la salvaguarda pública.
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