Jalisco.- Carlos Lomelí Bolaños Delegado de Programas para el Desarrollo del gobierno federal en Jalisco anunció en redes sociales su decisión de separase del cargo, esto tras los señalamiento que lo vinculan con una supuesta red de empresas que venden medicamento al Gobierno Federal.
«El día de hoy tomé la decisión de separarme del cargo de Delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades.» Escribió Lomelí Bolaños en Twitter
La asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó en días recientes una investigación en el que se vinculaba al super delegado con empresas que vendieron medicinas al gobierno federal.
Después de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con empresarios de Jalisco, renunció a su cargo el super delegado federal Carlos Lomelí Bolaños.
Todo esto se deriva de las denuncias por supuestos hechos de corrupción y conflictos de intereses luego de que una de las empresa farmacéutica Abisalud, habría obtenido jugosos contratos por más de 160 millones de pesos a instituciones de salud federales.
De forma extraoficial en su lugar se podría quedar el abogado Juan José Soltero Meza, quien es el representante legal del propio Lomeli en sus empresas, además de que fue el defensor de la esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, al representar a su primer esposa María Alejandrina Salazar Hernández y su hijo Iván Archivaldo Guzmán Salazar “El Chapito” detenido por policías de Zapopan en 2008 por posesión de armas.
Soltero Meza, también está denunciado por tráfico de influencias señalado de meter a la cárcel a deudores de la empresa Vimifos S.A de C.V, encargada de vender alimento para animales, propiedad de la familia Bours de Sonora.
La red de corrupción es orquestada desde el despacho jurídico de Soltero Meza, con Ministerios Públicos y Jueces de Jalisco, para encarcelar a personas que tienen adeudos mercantiles en otros estados como de México y Sonora, pero presentan denuncias por supuestos fraudes, pero los juzgan en Guadalajara y Puerto Vallarta, sin tener competencia.
Algunos de los afectados son Gustavo Adolfo Galaz Ruiz y su esposa Alejandra Torrecillas, quienes están presos en el Penal de Puente Grande, al fabricarles delitos en confabulación con los jueces Jaime Gómez, noveno de lo criminal y Juan José Rodríguez Velarde, Segundo Penal Oral.
Ambos se han declarado competentes por casos ocurridos en la ciudad de Hermosillo, Magistrados Federales del Tercer Circuito con sede en Zapopan, ordenaron que los detenidos fueron remitidos al Poder Judicial de Sonora en donde tres de las personas detenidas fueron absueltos al no haber cometido ningún delito.
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