Ciudad de México.- Durante la comparecencia de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, -con motivo de la glosa del primer informe de gobierno-, informó que el caso de la delegada en Colima, Indira Vizcaíno ya fue turnado al Órgano de Control Interno para que se actúe conforme a la Ley.
Albores González, dijo que ante las denuncias a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de Colima y Tamaulipas de posibles actos de proselitismo e irregularidades, se notificó a los órganos pertinentes para que se investigue y deslinden – en su caso – responsabilidades.
«Se notificó al Órgano Interno de Control y a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, con la finalidad que autoridades tomen las medidas legales pertinentes”, explicó.
La funcionaria federal afirmó que ella es la primera interesada de que estas situaciones se esclarezcan y que no se tolerará que se lucre con la pobreza ni se lucre con la confianza depositada.
Además la titular del Bienestar leyó el oficio emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde instruyó a los servidores públicos a no intervenir en asuntos electorales.
Durante la comparecencia de la titular del Bienestar, la diputada federal, Claudia Yáñez Centeno, expuso un manejo político de los programas sociales.
Lamentó que algunos delegados o coordinadores federales manipulan discrecionalmente los recursos de los Programas Sociales destinados a los más pobres.
Yáñez Centeno expresó frente a Albores que en el caso del Estado de Colima, la delegada federal, Indira Vizcaíno Silva, antepone intereses propios a su labor como funcionaria federal.
“Su actuación es clara, no se apega a los procedimientos y a lo que nos marca la Ley”, expresó.
La legisladora colimense hizo entrega a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, entre otras cosas, una denuncia realizada por un diputado del Congreso de Colima en donde externa el soborno y cohecho relacionado con manipular el voto para beneficiar a terceros, así como de las anomalías, quejas e inconformidades de ciudadanos.
Apuntó que ninguna autoridad puede presionar o ejercer un hostigamiento en favor de alguna persona o partido político, pues la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es muy clara en torno a las sanciones en contra de quien incurra en este tipo de práctica.
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