Más de 280 ciudadanos guatemaltecos, que fueron desalojados el pasado 23 de agosto de la zona protegida de la Biósfera Maya, en su país, recibieron facilidades por parte del gobierno mexicano para dialogar con representantes de Guatemala.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación informaron que brindaron facilidades para que los ciudadanos se entrevistaran este 5 de septiembre con un grupo de funcionarios de Guatemala en el poblado de Nuevo Progreso, Tenosique, en el estado de Tabasco.
“Las conversaciones continuarán, por lo que las autoridades federales, estatales y municipales mexicanas ofrecieron a los desplazados permanecer algunos días más en territorio mexicano, en tanto concluyen las negociaciones con la autoridad guatemalteca”, informaron ambas secretarías.
De acuerdo con Hans Kristian Hartmark, oficial de protección de la oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 286 indígenas de Guatemala acusados por su gobierno de encubrir y participar con grupos dedicados al narcotráfico, fueron desalojados de la aldea Nueva Esperanza, ubicada en la zona del Petén, colindante con México, el pasado 23 de agosto.
Cruzaron la frontera el 23 de agosto y se encontraban refugiados en el estado de Tabasco, en donde sobrevivían en condiciones difíciles, en espera de poder retornar a su país, reportó el vocero Acnur.
El funcionario informo a CNNMéxico que la Acnur creó un grupo de trabajo, conformado por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Segob y autoridades del estado de Tabasco, quienes visitaron a las familias guatemaltecas para saber de su situación.
Los desplazados son 60 niños, 96 mujeres, 100 hombres y 30 personas de la tercera edad.
Kristian Hartmark indicó que los desplazados explicaron que son originarios de la aldea Nueva Esperanza, municipio de La Libertad, departamento de Petén.
En esta zona, conocida como Sierra Lacandón, que colinda con México y Guatemala, el ejército guatemalteco inició diversos operativos militares para desarticular la presunta presencia de grupos dedicados a la delincuencia organizada, dijo el vocero.
Como parte de estos operativos, las familias de Nueva Esperanza fueron desalojadas de su aldea, y según informaron la Acnur y las autoridades mexicanas, sus viviendas y parcelas fueron quemadas.
Kristian Hartmark explicó que las familias manifestaron que ante el temor de ser victimadas, decidieron cruzar la frontera con México, a la altura de la zona conocida como El Ceibo.
Se adentraron unos 35 kilómetros en territorio mexicano, y llegaron al ejido Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco.
“Ellos nos han manifestado que desean regresar a su aldea, pero no hay condiciones porque se encuentra resguardada por militares de Guatemala, quienes también vigilan la frontera con México”, señaló.
Agregó que los desplazados recibirán ayuda humanitaria, porque actualmente se encuentran habitando bajo lonas de plástico en una zona selvática.
La Segob emitió u comunicado donde señala que se trata de 91 familias que serán asistidas en tanto el gobierno de México, a través de la Embajada en Guatemala, definen las acciones que correspondan para solucionar su problemática.
A través del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, los desplazados dieron a conocer un comunicado donde señalan que militares guatemaltecos cercaron la zona para no dejarlos entrar a sus cultivos.
Explicaron que durante 10 años han vivido en la comunidad Nueva Esperanza en donde viven de la crianza de animales y el cultivo de maíz. Negaron pertenecer a grupos delincuenciales, y denunciaron que las veces que han intentado buscar alimentos para sus consanguíneos los obligan a retroceder hacia México.
Según reportes de prensa de Guatemala, el ministro de Gobernación de ese país, Carlos Menocal, justificó el desalojo de los campesinos tras señalar que estaban aportando o colaborando con el narcotráfico”.
Dijo que en la zona del Petén, colindante con México, se llevan a cabo operativos “con objetivos estratégicos de búsqueda de estructuras criminales, particularmente vinculadas con el narcotráfico”.
La Comisión Internacional de Juristas de Guatemala cuestionó el desalojo de los campesinos. El organismo dijo que es un error generalizar al decir que toda la población de la zona apoya a los grupos delincuenciales, y con ello justificar desalojos forzosos, llevando a niños y niñas, mujeres y ancianos viviendo en la selva, en condiciones de total vulnerabilidad.
En mayo de 2011 una presunta célula del grupo criminal Los Zetas entró a un rancho ubicado en la frontera entre México y Guatemala, y asesinó a 27 personas. El gobierno de ese país implementó diversas acciones para evitar que los grupos de narcotraficantes mexicanos se asienten en su país.
Con información de CNN
