Debido a la falta de quórum, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores los presidentes de las respectivas Mesas Directivas suspendieron la sesión ordinaria.
En la primera semana de trabajos, el Senado logró quórum con 69 legisladores (cuatro más del mínimo requerido); sin embargo, la sesión fue suspendida porque cerca de las 15:00 horas sólo había 45.
En San Lázaro llegaron 255 diputados, pero se fueron saliendo en el transcurso de la sesión, la cual fue suspendida cuando había sólo 86 legisladores.
El Senado dejó sin votar la propuesta del petista Ricardo Monreal por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que informe sobre los permisos que se han otorgado para la operación de casinos en todo el territorio nacional.
La sesión inició con un quórum de apenas 69 integrantes; sin embargo, tres horas después concluyó con sólo 45 senadores cerca de las tres de la tarde.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet, suspendió la sesión tras verificar la presencia de solamente 86 de los 500 legisladores.
El órgano legislativo celebraba apenas la tercera sesión del periodo ordinario y desahogaba el capítulo de presentación de iniciativas, cuando la Mesa Directiva ordenó verificar el número de diputados aún presentes en la asamblea.
A las 14:39, Chuayffet notificó que sólo se mantenían 86 legisladores en el salón y de inmediato procedió a levantar la sesión, para convocar al pleno hasta el próximo martes a las 11 de la mañana.
En el Senado discutían informe sobre casinos
En la tribuna de la Cámara de Senadores, el petista Ricardo Monreal Ávila había propuesto que se solicitara a Gobernación un reporte que contenga cuando menos la relación actualizada de casinos, el nombre de los concesionarios; garantías que dejaron con motivo de los permisos y la fecha en que se expidieron los permisos, así como su duración.
En el debate, el panista Felipe González pidió que se incluyera, además, una petición a los estados para informar con base en qué y la fecha en que dieron autorización para la instalación de casinos en sus territorios.
En la exposición de motivos, el senador refirió que el debate alrededor de los juegos y sorteos con apuesta ha estado presente en las últimas tres legislaturas del Congreso de la Unión; sin embargo, desde la publicación del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, el 17 de septiembre de 2004, se han otorgado de forma irregular una serie de permisos para la apertura de salas de juego en todo el país.
Dijo que estas irregularidades se presentan en gran medida, debido a que el reglamento no fue elaborado con la intención de regular lo que ya existía, sino que respondió a intereses específicos de grupos empresariales.
“Se trata de negocios diseñados para operar con la mitad del cuerpo en la opacidad y la otra mitad en la legalidad. Allí se lava, se tiende, se plancha y se almidonan capitales de origen dudoso. Por eso son manzanas de la discordia y bombas de tiempo para la seguridad pública del lugar donde se instalan.
“Si alguna duda había sobre lo que representan realmente los casinos en México, después de la tragedia de Monterrey quedó despejada. Formalmente prohibidos desde 1938, realmente se han extendido por todo el país durante los últimos 20 años”, agregó.
Al señalar que hasta el año 2000, en el país existían 125 casas de juego, legales e ilegales. Pero el detonador llegó con la “alternancia presidencial democrática” del PAN, pus de 125 casinos se pasó en una década a 790 (un crecimiento de 632%), “donde alcaldes, gobernadores y funcionarios federales por igual vieron en este negocio una jugosa fuente de ingresos, legal para algunos, ilegal para la mayoría”.
Monreal mencionó que tan sólo en el rubro de impuestos, el año pasado los casinos reportaron mil 200 millones de pesos al fisco. Aparte las “mordidas”, los derechos de piso y los sobornos que son parte de los “gastos operativos normales” de estos centros de juego.
De acuerdo con Monreal, es evidente la discrecionalidad con la que Gobernación otorga permisos para la operación de los casinos ha permitido beneficiar a grupos familiares y empresariales vinculados al PAN por vínculos políticos o económicos.
Asentó que el consejo de administración del Casino Royale es un botón de muestra, dado que en algún momento se integró con Rodrigo Madero Covarrubias, José Francisco Madero Dávila y Ramón Agustín Moreno Dávila, primos de Adalberto Madero, quien fuera alcalde panista de Monterrey en el trienio anterior (2006-2009), y responsable de otorgar el permiso de operación de bingo y apuestas deportivas al ahora tristemente célebre centro de apuestas.
“En el gobierno de Fox, los hijos de la señora Marta Sahagún fueron señalados en diversas ocasiones como gestores clave de la apertura de diversos casinos, la mayor parte de ellos en el norte del país”.
Apuntó que la captura y castigo de los narcoterroristas que provocaron la muerte de 53 personas en el Casino Royale de Monterrey será un acto de justicia aislada y deficiente, si no se acompaña de otras medidas que atiendan el problema de fondo de la inseguridad que generan estos giros: la clausura de casinos y centros de apuestas irregulares, como actividad prototípica de la economía ilegal; las modificaciones judiciales pertinentes que impidan a los jueces otorgar amparos como si fueran notas de remisión; y, sobre todo, el cierre de aquellos negocios que, con independencia de su situación jurídica, representen una trampa para los usuarios en términos de seguridad y protección civil.
No obstante todo lo anterior, la página de Internet de la Secretaría de Gobernación mantiene un retraso por lo que hace a la información pública que debiera tener sobre los permisos otorgados para operar casinos, y es por ello que resulta relevante que se dote al Congreso de la información necesaria para emprender las reformas que requiere el país en este tema.
Con información Milenio
