Colima.- Un total de 43 agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fueron dados de baja tras no aprobar los Exámenes de Control de Confianza.
Al respecto la procuradora Yolanda Verduzco Guzmán informó que existe el riesgo que éstos se involucren con el crimen organizado, pero no existe forma de darles seguimiento en investigaciones debido a que no hay personal suficiente para ello.
“Además de las tareas de investigación, análisis y ejecución de órdenes de aprehensión, no tenemos personal para dar seguimiento (a investigación). Es un riesgo (que se involucren a la delincuencia organizada) que estamos conscientes que pudiera suceder”, dijo la procuradora de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán.
Hasta el momento han sido evaluados 134 agentes de la PGJE, de los cuales 91 han sido aprobados y 43 dados de baja.
Están en proceso de notificación, 115 elementos, para saber el resultado del Examen de Control de Confianza contemplados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como en la ley que crea el Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Dentro de este segundo grupo se encuentran agentes del Ministerio Público.
De acuerdo a la titular de la PGJE, el proceso de suspensión de los 43 agentes se llevó a cabo en apego a la ley y derecho, entregándosele por instrucciones de gobernador Mario Anguiano Moreno y de acuerdo a lo que marcan las leyes, las prestaciones por haber prestado servicios.
Dio a conocer además que ya se cubren los “espacios” con personas más capacitadas y con vocación de servicio para garantizar el nivel de seguridad en el estado.
Además hizo mención que la convocatoria está abierta y se evalúa a personal para nuevos agentes de procuración de justicia.
De estos 43 ex judiciales, algunos habían sido aprehendidos en febrero pasado por la Secretaría de Marina-Armada de México, e investigados por sospecha de tener alguna relación con el crimen organizado.
Podrían ir a los tribunales
Los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que fueron dados de baja por no aprobar los exámenes de control de confianza, podría irse a los tribunales, pues exigen una liquidación “justa”.
A nombre de los elementos, Nivardo Padilla Arceo, y luego de una reunión con Guillermo Adame, secretario particular del gobernador Mario Anguiano, informó que buscan tener una audiencia con el mandatario estatal para exponerles su situación, y que luego de hacerlo, sino les dan una liquidación “justa”, interpondrían una denuncia por despido injustificado.
Cerca de 15 elementos de los 43 despedidos sostuvieron -la tarde del jueves- una reunión a puerta cerrada con Guillermo Adame en Palacio de Gobierno, luego de ésta dieron a conocer su inconformidad por la forma en la que fueron despedidos y por las declaraciones que se han emitido respecto a ellos, mismas que consideran “dolosas”.
Padilla Arceo expuso que la justificación para el despido está mal planteada ya que no se les entregaron resultados del examen de control de confienza, por lo que no consideran justo, pero que no piden que se les reinstale en la Procuraduría, sino que se les entregue una liquidación justa, pues muchos elementos, como él, tienen más de 20 años en la corporación.
También calificó como “dolosas” las declaraciones de “algunos funcionarios” respecto a que si se unen a las filas del narcotráfico “será bajo nuestra responsabilidad”.
En su caso, expuso que tiene 28 años en la corporación y le pretenden otorgar una liquidación de 90 mil pesos, por lo que se dijo dispuesto a que se les evalúe, así como al resto de elementos despedidos.
Dijo dejar en manos de los directivos de la Procuraduría de justicia que los despidieron injustamente, «la sangre de nuestras familias, porque si sucede algo ellos son responsable directamente, ellos con responsables si algo le sucede a nuestras familias”.
La responsabilidad, aseguró, se debe a que han recibido amenazas, aunque no mencionó de parte de quién, pero señaló que su trabajo ha sido peligroso y han participado en operativos contra la delincuencia organizada.
Al cuestionarles si su salario era superior a los 14 mil pesos mensuales, el grupo de elementos rieron y mostraron recibos de pago por 4 mil 072 pesos quincenales, que dicen es uno de los más altos.
El grupo de los elementos dijo estar dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para que los reciba el gobernador, y después de que sean escuchados por el mandatario, decidirán si interponen denuncia ante el tribunal de lo Contencioso.
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