Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, el dictamen a la minuta que reforma el artículo 30 de la Constitución Política, para puntualizar que también serán mexicanos por nacimiento quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano.
El documento avalado en lo general y en lo particular, por 396 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, y remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para efectos del artículo 135 Constitucional, menciona que la nacionalidad es un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna y diversos instrumentos internacionales.
Precisa que el artículo 30 constitucional ha sido reformado en cuatro ocasiones, con el propósito de ampliar los supuestos bajo los cuales se puede adquirir la nacionalidad mexicana; sin embargo, en la actualidad dicho precepto continúa quedándose corto, violando los derechos de aquellas y aquellos que son hijos de padres y madres mexicanas que no hayan nacido en el territorio nacional.
Por ello, considera vital reconocer el derecho a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos o de madre o padre mexicanos, sin importar que hayan nacido en el territorio nacional o en el extranjero, protegiendo con ello su derecho de identidad, el cual incluye nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad.
Resalta que el derecho a la nacionalidad ha sido objeto de protección en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La nacionalidad es un derecho humano fundamental
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena), señaló que la nacionalidad es un derecho humano fundamental, consagrado por la norma constitucional y diversos instrumentos internacionales que comprende el derecho de cada persona para adquirirla, cambiarla o retenerla.
La nacionalidad, precisó, es el vínculo jurídico que existe entre un Estado, sus leyes y las personas que les permite la posibilidad del ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales, a fin de respetar su dignidad. Tal derecho, añadió, ha sido objeto de protección, a través de diversos instrumentos de talla internacional de los que México es parte.
Argumentó que la reforma constitucional tiene como propósito reconocer en el texto de la ley suprema, el derecho a la nacionalidad mexicana de las y los hijos de padres mexicanos o de madre o padre mexicanos, sin importar que hayan nacido en territorio nacional o en el extranjero, protegiendo con ello su derecho de identidad.
“No pasa inadvertido que el derecho a la nacionalidad reviste una importancia fundamental, ya que en primer lugar supone el vínculo entre la persona y la ciudadanía y, en segundo lugar, constituye la pertenencia de la persona a una nación”.
Jiménez y Meneses consideró relevante que el Estado asuma la obligación que tiene para ejecutar medidas que atiendan el Interés Superior de los Menores para lograr el óptimo desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, entre ellos el de lograr que acceden a la nacionalidad.
Al eliminar la limitante, dijo, “el Poder Legislativo estará consagrando el Estado mexicano y adecuando la normatividad interna a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que podrá accederse a la nacionalidad mexicana con el simple hecho de ser hijos de padres mexicanos, sin importar la forma en que adquirieron la nacionalidad sus padres”.
La medida, dijo, además de dar certeza jurídica a los connacionales que no radican en territorio nacional, garantiza el acceso a la nacionalidad para las y los hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, y así “México continuará en la transformación, brindando efectividad a la no discriminación, sí a la igualdad y garantizando de la manera más amplia los derechos de las personas”.
Pleno rechaza propuesta
La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) presentó una propuesta de modificación al dictamen, con el propósito de establecer en el artículo 30 constitucional un lenguaje incluyente, catalogar como personas sin importar el género, para ayudar a cerrar brechas de desigualdad, combatir estereotipos y prejuicios de género. Dicha reserva no fue aceptada por el Pleno. BP
