Ciudad de México.- El COVID-19 puso al descubierto y agravó la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que América sea la región más afectada por la pandemia, afirmó Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó que durante el pasado año, en la pandemia de COVID-19, se ha visto cómo ciertos líderes de América respondían a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos.
“No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo los errores que han dejado a la región asolada por la desigualdad, la discriminación y la destrucción, incluso antes del brote de COVID-19”.
El nuevo informe de AI documenta cómo las mujeres, refugiados, migrantes, personal sanitario insuficientemente protegido, pueblos indígenas, personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia.
América ha sido la región más afectada por el COVID-19, con más de 54 millones de casos y 1.3 millones de muertes. Estados Unidos, Brasil y México presentan las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo, luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud, no implementaran políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaran una transparencia plena.
La directora de AI en América destacó que los gobiernos deben reconstruir la región sobre bases de equidad, compasión y humanidad, iniciando con el conceder prioridad a las necesidades de quienes han quedado excluidos por decenios de abandono y políticas de división y garantizar su acceso a las vacunas contra el COVID-19.
Economía y pobreza
También destacó que se deben tomar medidas para abordar los desproporcionados efectos sociales y económicos de la pandemia en las personas que históricamente han sufrido discriminación.
En su informe, Amnistía destaca que, al inicio del 2020, América era la región más desigual del mundo, lo cual sólo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza 22 millones de personas más y aumentar en 8 millones el número de las viven en pobreza extrema.
El COVID-19 golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que las medidas gubernamentales menoscabaron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes se hallaban en las situaciones de mayor precariedad.
Trabajadores de la salud
Al menos 10 mil 558 trabajadores y trabajadoras de la salud en la región murieron a causa del COVID-19 hasta el 5 de marzo de 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países se quejaba de que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras, ni suficientes equipos de protección individual.
AI informó que las detenciones arbitrarias fueron una práctica habitual, relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas al COVID-19; en algunos países se obligó a las personas permanecer en cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias, ni de distancia física.
Migrantes
Por otro lado destacó que varios gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer el COVID-19, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tomar en cuenta sus solicitudes de asilo.
Con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, las autoridades de Estados Unidos detuvieron y deportaron a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México.
“Expulsaron a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, entre ellos más de 13 mil niños y niñas no acompañados hasta noviembre de 2020.”
Presos
Las deficientes condiciones sanitarias y el hacinamiento caracterizaron a muchas prisiones de la región, donde las medidas del Estado negaron a la población reclusa el derecho a la salud y la exponían a contraer el COVID-19.
Amnistía Internacional contabilizó al menos 90 motines en prisiones de la región para protestar por las precarias condiciones ante el aumento de la preocupación por la pandemia entre marzo y mayo.
Libertad de expresión
Las restricciones asociadas al COVID-19 también afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, que fue el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020.
La policía o las fuerzas armadas también negaron o restringieron indebidamente el derecho de asociación y de reunión pacífica, y se registró uso ilegítimo de la fuerza en más de 12 países.
La injusticia y la discriminación raciales persistieron, y el homicidio de George Floyd impulsó a millones de personas en Estados Unidos a secundar las protestas de Black Lives Matter. La policía de Estados Unidos reprimió violentamente esas protestas y no protegió a manifestantes pacíficos de contramanifestantes violentos.
Mientras tanto, la violencia policial en Brasil se intensificó durante la pandemia; la policía mató al menos a 3 mil 181 personas—el 79 por ciento de ellas negras— entre enero y junio. La impunidad y la falta de acceso a la justicia seguían siendo un grave motivo de preocupación en gran parte de la región.
Violencia de género
La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en la región, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios, señaló el informe.
Para la organización, las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron inadecuadas e insuficientes.
“Muchos gobiernos no han hecho lo suficiente para conceder prioridad a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia. El aborto seguía estando penalizado en la mayoría de los países, lo que suponía un grave obstáculo para el derecho a la salud.”
El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana aún prohíben totalmente el aborto, y 18 mujeres continúan en la cárcel por cargos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador.
LGBTI
Las personas LGBTI fueron objeto de violencia y homicidios en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron víctimas de homicidio en el continente el año pasado.
Pueblos Indígenas
Los pueblos indígenas se vieron muy afectados por el COVID-19 debido al acceso inadecuado a agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales y falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y a medios de vida.
Por otro lado, varios países declararon esencial el sector minero durante la pandemia, con lo que expusieron al contagio a pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas continúan amenazados, ya que muchos gobiernos no garantizan su consentimiento libre, previo e informado antes de dar luz verde a importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras.
Derechos Humanos
América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente.
Colombia es el país más letal del mundo para los defensores y defensoras. No obstante, 2020 también trajo consigo motivos de esperanza, pues los defensores y defensoras de los derechos humanos lograron grandes victorias y se negaron a ser silenciados.
Argentina hizo historia en diciembre al convertirse en la mayor nación de América Latina en legalizar el aborto gracias a la campaña sostenida de un dinámico movimiento feminista.
En noviembre, México se convirtió en el país número 11 de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para la protección del medioambiente y los defensores y defensoras de los derechos ambientales, por lo que entrará en vigor el 22 de abril de 2021.
Y aunque las acciones sobre el cambio climático siguieron siendo limitadas en el continente, Chile fue el primer país de la región, y uno de los primeros del mundo, en presentar un objetivo de reducción de las emisiones en 2030.
“Aunque el primer año de la pandemia ha sido especialmente difícil para las Américas, sacamos fuerza de la pasión y resiliencia que hemos visto en activistas de toda la región, sobre todo de las mujeres, las personas jóvenes y activistas antirracistas. Su valentía ante la adversidad nos dice que podemos construir un mundo más justo para todas las personas”, afirmó Erika Guevara Rosas.
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