TAREA PUBLICA
Por: CARLOS OROZCO GALEANA
Colima tiene uno de los índices de Estado de Derecho más bajos del país de acuerdo con World Justice Project. La entidad tiene un puntaje de 0.40, cuando la entidad peor evaluada que es Guerrero tiene una cifra 0.34, es decir, apenas 0.06 de distancia. En el último año, el Estado de Derecho de Colima bajó en -0.02. Entonces, que no me vengan con el cuento de que hay datos que revelen lo contrario a lo expuesto por este organismo internacional.
Durante más de una década, el World Justice Project®️ (WJP) ha creado la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo. Desde 2018, WJP publica el Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país. “Este Índice retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno”. El lugar 17 en que se sitúa a Colima define el grado de eficacia y eficiencia en que se desenvuelve el poder político.
La cuarta edición del IEDMX (2021-2022), presenta nuevos datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Colima se posiciona en el lugar 17.
Esos rubros inciden en la valoración baja que se hace respecto a la forma como se gobierna en los estados y en Colima en particular, en cómo atiende esa parte fundamental en el orden jurídico que determina el grado de viabilidad de una sociedad agraciada con buenos niveles de justicia, de paz y de un estado de derecho confiable.
Solo incorpórese en el análisis este punto al azar de entre aquellas variables: justicia penal. Todo mundo sabe que el nivel de impunidad es altísimo por el alto grado de corrupción que se manifiesta en los procesos. Solo dos personas culpables se sentencian por cada 98 que no son inculpados o procesados. Justicia tardía, justicia denegada.
El mundo de los tribunales es un mundo de corrupción. Regularmente, los juicios no avanzan hasta que algunos funcionarios logran el consabido “moche”. El que no tranza, el que no corrompe en los juicios. es casi seguro que pierde o recoge los frutos tardíamente.
Es evidente que el tejido social está maltrecho, que hay intranquilidad en las familias, en las calles, por supuesto. La gente voltea ahora para todos lados para ver si no hay alguna situación inesperada de violencia que le pueda afectar. El discurso oficial no sale del machote: que se trabaja todos los días por la seguridad y la paz, que hay vigilancia, que hay reuniones de esto y lo otro, que ya llegaron más militares, que la Guardia Nacional hace todo lo posible, que hay hasta helicópteros patrullando por aire las ciudades importantes, pero la violencia es continua y los crímenes no disminuyen. Bajan, si, quizás una semana, pero luego se recuperan en la siguiente.
¿ Cómo habrá Estado de Derecho si ni siquiera se garantiza la seguridad de las personas? ¿Cómo habrá Estado de Derecho si no se respeta la vida, la integridad o el patrimonio de todos? No es fácil gobernar, evidentemente; la sensibilidad no se adquiere en el mercado político ni las convicciones para hacer las cosas bien ni la opción, la mejor, de ponerse en los zapatos de los demás. Recuerdo que el presidente Amlo dijo que era muy fácil gobernar, que no tenía ciencia hacerlo, pero los resultados que reporta su administración no son tan buenos para decir que se han cumplido al cien por ciento las acciones prometidas en campaña. Gobernar es muy complicado para cualquiera. No obstante, goza de una aprobación del sesenta por ciento porque hay un sentimiento emotivo dominante de adultos mayores y jóvenes beneficiados con programas gubernamentales, y se le reconoce su preocupación por la gente, aunque la lucha contra la corrupción no sea como se dice que es. Y esto podría confirmarse en las elecciones del domingo 5 de este mes.
Cito aquí entonces, finalmente, porque viene al caso, una clasificación aportada por el maestro y politólogo Héctor González Uribe, quien expresa en su texto Teoría Política ( Ed. Porrúa, pág 205) la dificultad de ligar Estado con Derecho. Dice que tomándolo en forma aislada, no existe uno sin el otro; que el Estado sin Derecho no es nada como tampoco lo es el Derecho sin el Estado. El Estado sin el Derecho, agrega, es un simple fenómeno de fuerza.
Pero, Estado con Derecho, son realidades que lejos de oponerse de armonizan y complementan, se implican mutuamente de manera esencial y necesaria para cumplir su misión. Por ello, es vital esa conjunción para armonizar la vida social y darle viabilidad al poder constitucionalmente ejercido.
Si el Estado de Derecho está a la baja es, consecuentemente, porque las cosas no andan bien. Urge que la transformación prometida sea una realidad. La sociedad, los colimenses estamos a la espera de una recomposición política que estime conveniente la recuperación de la paz y una gobernación en forma seria y eficaz.
