De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la corrupción es «un fenómeno complejo y en evolución, asume muchas formas, es perpetrado por varios actores y tiene un impacto perjudicial en las estructuras políticas, sociales, culturales, e institucionales que impacta negativamente en las políticas económicas y afecta numerosos aspectos de la vida cotidiana».
Al socavar el estado de derecho, la corrupción merma la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas. Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Su propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate.
En México, la relevancia del combate a la corrupción se refleja en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que atribuye al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) la responsabilidad de coordinar las acciones de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.
Además, México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos para fortalecer los marcos jurídicos nacionales. La Convención insta a las naciones a que consideren recopilar, intercambiar y analizar información estadística para conocer la situación de corrupción que prevalece en sus territorios, así como de compartir las mejores prácticas en la atención del problema.
PREVALENCIA Y PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 57.1 % de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad pública.
En cuanto a las prácticas de corrupción, en 2021, 14.7 % de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. Si bien en ese año se observó una disminución respecto a 2019, la prevalencia continuó por arriba de la estimada en 2015. Este problema se dio con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres.
Entre 2013 y 2021, en 25 entidades federativas aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas de soborno. El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1 a 16.9 por ciento. San Luis Potosí registró la mayor disminución, de 18.0 a 12.6 por ciento.
