La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación en Colima, obtuvo del Juez de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria y reparación del daño por más de 33 millones de pesos en contra de “Javier S”, por el delito de corrupción de ejercicio ilícito de servicio público.
Esta persona laboraba en la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (APIMAN), y luego de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación (MPF), recibió la pena de dos años siete meses y 15 días de prisión y deberá cubrir la reparación del daño por 33 millones 640 mil pesos.
Asimismo, se le impuso emitir una disculpa pública, la inhabilitación por un plazo de 11 años tres meses para ejercer un empleo, cargo o comisión público, multa económica, amonestación, así como suspensión de derechos políticos y civiles.
El ahora sentenciado en diciembre del año 2017, celebró un Convenio Judicial en un Juicio Civil promovido ante el Juzgado Primero Mixto Familiar y Civil en Manzanillo, notoriamente desproporcional a los intereses de la Administración Portuaria Integral (API).
El citado convenio provocó un detrimento patrimonial a la API de 33 millones 640 mil pesos, más una cláusula penal por otros 56 millones de pesos para en caso de incumplimiento, por concepto de rentas de una parcela utilizada para las operaciones de la Administración Portuaria, a pesar de que no existía una sentencia que así lo determinara, aunado a la falta de legitimación de los reclamantes al no haberse pactado un arrendamiento previamente.
