Las FARC dejaron en suspenso hoy la liberación de seis rehenes aduciendo que el área escogida para su entrega fue militarizada, al tiempo que detonó una motocicleta bomba contra una estación de Policía que dejó 7 muertos y 73 heridos en
el suroeste de Colombia.
El gobierno colombiano negó tajantemente la versión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y pidió a la guerrilla que se deje de «trucos» y que libere a los rehenes «ya».
«Ni siquiera sabemos dónde están los secuestrados. No han entregado coordenadas», dijo el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter tras conminar a los rebeldes a que no usen «más trucos y engaños».
«Libérenlos ya!!», agregó el gobernante, quien se hizo eco de la decisión de los insurgentes después de que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazara la versión de que el área prevista para la entrega había sido militarizada.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron en un comunicado divulgado en internet que «el área que habíamos escogido para la liberación de los prisioneros de guerra (…) ha sido militarizada injustificadamente por el Gobierno de Colombia, lo cual nos impone aplazar su concreción»,
Según el documento firmando por los jefes insurgentes unos «militares patriotas» los alertaron de que el Gobierno quería rescatar «a toda costa» a los rehenes.
Los guerrilleros «una vez más demuestran las mentiras que dicen y cómo en el fondo se burlan de manera permanente del pueblo colombiano», enfatizó Pinzón, al reiterar que el gobierno desconoce en que zona serían las liberaciones anunciadas por las FARC.
Recordó que el Ejecutivo siempre ha facilitado la entrega unilateral de rehenes con la suspensión de operaciones militares, mediante protocolos consensuados con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y la aceptación de medios logísticos (helicópteros y tripulaciones) extranjeros, primero de Venezuela y luego de Brasil.
La delegación en Colombia del CICR ha coordinado las operaciones humanitarias en las que las FARC han entregado unilateralmente a una veintena de rehenes, incluidos políticos, siempre a misiones encabezadas por la excongresista Piedad Córdoba.
La exlegisladora aseguró hoy que el anuncio de las FARC no supone el fracaso de las gestiones para el regreso de los rehenes y señaló además que emprenderá una campaña para repatriar a los jefes guerrilleros alias Sonia y Simón Trinidad, extraditados por Colombia a Estados Unidos por narcotráfico y secuestro.
La semana pasada, a través de un vídeo, el portavoz internacional de las FARC, Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, reiteró: «no cejaremos en nuestro empeño de lograr la repatriación de los comandantes guerrilleros Simón Trinidad, Iván Vargas y Sonia».
El gobierno del entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe, extraditó, en 2004, a Sonia, alias de Anayibe Rojas, pedida por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
En 2005, y también por narcotráfico, fue enviado a Estados Unidos, Ricardo Ovidio Palmera, alias Simón Trinidad, miembro del estado mayor de las FARC, condenado a finales de 2008 en ese país a 60 años de cárcel por su responsabilidad en el secuestro, en febrero de 2003, de los estadunidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.
Por su lado, el portavoz de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes de Colombia, Iván Cepeda, expresó su preocupación por el anuncio de las FARC, de dejar en suspensión las liberaciones anunciadas, y por la decisión del Gobierno de rechazar el apoyo de Brasil para la logística de la entrega de secuestrados.
Al tiempo que se conocía la suspensión de la liberación de los seis secuestrados por las FARC, esta guerrilla detonó una motocicleta bomba que dejó al menos 7 muertos y 73 heridos, así como destrozos en al menos 15 viviendas de Tumaco, ciudad colombiana del Pacífico.
El Gobierno colombiano, a través del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, atribuyó al frente 29 de las FARC el atentado y lo calificó como un acto sevicia.
El atentado se registró sobre las 14:00 (hora local, 19:00 hora GMT), dejó un saldo que según el último registro del secretario de Gobierno de Nariño, Pedro Vicente Obando, son siete muertos y 73 heridos, entre ellos 24 policías. De los 73 heridos, al menos 33 casos revisten gravedad.
La ciudad fue militarizada y a ella viajaron el ministro de la Defensa y la cúpula militar. La Policía Nacional de Colombia ofreció una recompensa de 100 millones de pesos (unos 55 mil dólares) para quien aporte algún dato de los autores del atentado.
Con información de EFE
