Colima.- Por hechos públicos suscitados en contra de su persona y tipificados como violencia política de género, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez presentó, ante el Instituto Electoral del Estado, denuncias por tal delito, en contra de Arnoldo Vizcaíno y en contra del Fiscal General del Estado, Bryant García, “son las primeras denuncias y vendrán otras”.
Acompañada por la secretaria del Ayuntamiento, Martha Zepeda, la alcaldesa, agregó que, así como estas denuncias, en su momento también hará lo propio en contra de personas que a través de páginas informativas la han atacado sistemáticamente, incluso, desde antes de que asumiera el cargo como presidenta municipal.
Griselda Martínez, apeló al actuar del organismo electoral local, pues es el encargado directo de dar seguimiento y determinar si hubo violencia política de género, en su contra, o no.
Es de recordar que, en el caso de Arnoldo Vizcaíno, a través de una entrevista de radio, en agosto de 2022, en el noticiario “Noticias en el Blanco” en su edición matutina, hizo comentarios, con connotaciones de violencia política de género en contra de la alcaldesa, y en su caso, Bryant García, actual fiscal general del estado, lo hizo a través de sus redes sociales, minutos después de la 1 de la mañana del día 06 de agosto.
Expresó, que, así como dichos personajes se han expresado en tales formas, diversos medios informativos lo han hecho también, “esta campaña de odio se debe a que soy muy incómoda para la gente corrupta para los que quieren que Manzanillo siga en la pereza, hay gente a la que le estorbo, hay personas de medios que les daban prestamos que nunca pagaban, o que estaban en la nómina sin trabajar”.
Puntualizó que, “pero más allá de medios vendidos, hay intereses más grandes que el de ellos, de miles de millones de pesos, por eso la presidenta no se vende no la han podido comprar con nada, por eso les estorbo, decía el presidente, Andrés Manuel López Obrador que antes era plata o plomo, yo digo que sigue siendo así, o que antes, no se investigaba y que ya no se persigue a los luchadores sociales, pero pues todavía se atenta y se asesina a los luchadores sociales. Nosotros no llegamos para ver qué nos operábamos, o a poneros pestañas y uñas falsas, a no vestir ropa de marca, nosotros llegamos para cambiar las condiciones a favor de las y los manzanillenses”.
Apeló que, en el caso del retiro de los elementos de Marina para su cuidado personal, debido a los atentados que ha sufrido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sea enterado para que investigue cuál fue la verdadera razón de esa situación.
No obstante, la presidenta municipal, destacó que las cosas en Manzanillo han cambiado, como es en el caso de la seguridad, pues se ha logrado disminuir, de 2018 a la fecha, en más del 60 por ciento los índices de violencia y que a través de la dirección de Seguridad Pública municipal, se han logrado hacer más detenciones que incluso las realizadas a través de la Policía Estatal.
Griselda Martínez, también habló sobre las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual, una resolvió a su favor, “enmendado la plana” a la pasada Legislatura sobre el pago que debe hacer el gobierno del estado, por el servicio de agua potable de sus inmuebles en Manzanillo, por el que hasta ahora mantiene un adeudo de alrededor de 3 millones de pesos, “al no pagar, las y los manzanillenses le están subsidiando el agua al gobierno, y eso no es justo”.
Sobre la actual controversia, que está ingresada en el máximo tribunal del país, detalló que es en contra de la reciente aprobada Ley de Asentamientos Humanos, pues consideró que las y los diputados que la aprobaron se extralimitaron en sus ámbitos de competencia, lo cual ha atentado contra los ingresos municipales pues limita la instalación y creación de nuevos negocios al radicalizar la presentación de trámites para la obtención de una licencia comercial, “esto fue una ocurrencia del gobierno del estado”.
Agregó que ahora, a través de la diputada Andrea Naranjo, se espera una nueva afrenta contra el Ayuntamiento de Manzanillo, pues buscará, otra vez, la forma de impedir que el gobierno estatal pague por el servicio de agua potable para sus inmuebles, “quieren legalizar el no pago, lo cual afecta a las finanzas del organismo operador de agua, pero vamos a proceder también contra los diputados pues se están extralimitando en sus facultades”.
Finalmente, la alcaldesa, habló sobre los últimos dos derrames químicos, el más reciente ocurrido en la playa de San Pedrito, y que tampoco la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) informó para dimensionar y tomas las acciones pertinentes, sin embargo, dijo, que ya están radicadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
