APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
Las recientes declaraciones de Ana Elizabeth García Vilchis en la sección «Quién es quién en las mentiras del gobierno de México» en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 10 de julio han generado una oleada de críticas y preocupación, no solo por el contenido de sus afirmaciones, sino por el tono y la intención que subyacen en sus palabras.
En un contexto donde la prensa mexicana se encuentra bajo constante amenaza y ataque por parte de los tres niveles de gobierno, resulta alarmante que una funcionaria pública, encargada de combatir la desinformación, recurra a insultos y descalificaciones tan graves como los proferidos contra los colaboradores de Latinus.
Y es que hoy usó el término «textoservidores», que remite inmediatamente a la palabra «sexoservidor», esto no solo es ofensivo, sino que denigra la profesión periodística y atenta contra la dignidad de los comunicadores (hombres y mujeres) que laboran en este medio.
La acusación de que los periodistas de Latinus se prostituyen mediáticamente es una táctica peligrosa y corrosiva, especialmente en un país donde el ejercicio del periodismo puede tener consecuencias letales.
Es preocupante que desde el Estado se fomente un discurso que no solo desacredita a los medios críticos, sino que además los coloca en una posición vulnerable ante posibles agresiones. La libertad de prensa, un pilar fundamental de la democracia, se ve erosionada cada vez que se emiten este tipo de calificativos desde una plataforma gubernamental.
Más inquietante aún es la admisión de García Vilchis de que no hay evidencias concretas que sustenten las graves acusaciones de lavado de dinero y fraude lanzadas contra Latinus y sus colaboradores.
Esta falta de pruebas no impidió que se diera por hecho la culpabilidad de los acusados, lo cual constituye un acto de irresponsabilidad y difamación. La presunción de inocencia es un principio básico del Estado de derecho que parece ser ignorado en esta narrativa gubernamental.
El hecho de que García Vilchis señale que la Fiscalía General de la República deberá resolver estas acusaciones sin tener evidencias claras, revela una estrategia de intimidación y desprestigio más que una búsqueda genuina de justicia. Estas declaraciones generan un clima de sospecha y linchamiento mediático que solo contribuye a polarizar aún más a la sociedad y a debilitar la confianza en las instituciones.
El presidente López Obrador ha asegurado que Latinus se ha «robado el dinero de las medicinas del pueblo», mientras que Vilchis, en un acto de contradicción, acepta que no hay pruebas de tal afirmación. Esta disonancia entre las declaraciones presidenciales y las admisiones de Vilchis no hace más que sembrar la confusión y alimentar teorías conspirativas sin fundamento.
En un país donde el ejercicio del periodismo es cada vez más riesgoso, es imperativo que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y respeto hacia la prensa. La descalificación y el insulto no son herramientas válidas en una democracia que se precie de ser tal.
La sección «Quién es quién en las mentiras» debe enfocarse en la verificación de hechos y en la presentación de pruebas concretas, no en la difamación y el ataque personal. Solo así se podrá avanzar hacia un diálogo más constructivo y respetuoso entre el gobierno y los medios de comunicación.
