De Espuma de Mar
Por: Mariana PÉREZ OCHOA
La reciente aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del dictamen para eliminar siete organismos autónomos, generó una fuerte controversia.
Los organismos autónomos son como un vigilante que mantiene el equilibrio en la balanza de poder, evitando que el gobierno incline la balanza a su favor sin control. Esta primera amenaza despertó angustia a muchas y muchos mexicanos, sobre todo a quienes nos consideramos como personas de instituciones. Aunque un organismo me preocupa personalmente y quisiera enfatizarlo: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El CONEVAL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva e imparcial sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Este organismo permite mejorar la toma de decisiones en materia de desarrollo social.
Para quienes trabajan todos los días en el seguimiento e incidencia de la reducción de la pobreza de nuestro país, este es un organismo aliado que se volvió clave. Además de medir la pobreza y las carencias sociales (rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda y carencia por acceso a la alimentación), evalúa la eficacia de los programas sociales federales y aquellas acciones dirigidas a la reducción de pobreza, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para el mejoramiento y asesoría de la política social. Eso es crucial para evaluar su efectividad y hacer los ajustes que sean necesarios.
Es ahí donde aplica la famosa y acertada frase “lo que no se mide no se puede mejorar”. Sin estos datos, las decisiones pueden basarse en suposiciones o intereses políticos en lugar de evidencias concretas. Esto alimenta lo que yo llamaría “un virus” muy prevalente en México, similar a lo que se vive en otros países con sistemas políticos como el nuestro, en el que se pierde la alineación estratégica de las políticas públicas por el alto apoyo político que puedan tener, pero que suelen arrojar bajo valor neto público en términos de impacto social a mediano y largo plazo. Diseñar políticas realmente eficientes es algo sumamente complejo y complicado que requiere de una suma de muchos esfuerzos para su análisis y evaluación y para mejorar el diseño. Si a esto se le añade algo más a la ecuación, la probable desaparición del CONEVAL, es evidente que retrocedemos un paso muy grande en aquella utopía de conseguir más políticas públicas valiosas, que nos acerquen a la verdadera reducción de las desigualdades.
Es simple: el CONEVAL, así como los otros organismos en riesgo, nivelan la balanza de poder, haciendo que el gobierno no sea el árbitro de su propio partido. Su desaparición podría llevar a que las decisiones de política social se basen menos en evidencia empírica y más en criterios políticos, además de limitar el análisis de la academia, la sociedad civil y otros actores que utilizan estas herramientas como derecho y mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
El repetido discurso que impulsa esta decisión viene de la idea de que estos organismos “no sirven para nada”, y que sólo implican un gasto desproporcionado. Es injusto juzgar tan sesgadamente el trabajo de organismos como el CONEVAL, pues sus estudios y estadísticas se volvieron herramientas básicas en investigaciones y análisis de la política de desarrollo social. Algunos avances difícilmente se materializan en forma visible, pero existen y son importantes.
No porque algo no se muestre deja de tener efectos benéficos. Si bien, hay aspectos que pueden ser pulidos y mejorados, parece un error muy abrupto simplemente eliminar a dicha institución. Es como querer borrar un camino recorrido con cimientos positivos para México. Si bien hemos tenido buenas, regulares y deficientes políticas públicas en las últimas décadas, sin una evaluación neutral predominará lo deficiente, sería como avanzar a ciegas.
La organización civil México Evalúa señaló que “los siete ramos autónomos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca desaparecer representan apenas 0.05% del gasto público total aprobado para este año”, lo cual numéricamente resulta ser muy insignificante comparado con el valor democrático que se vulneraría. Ahora bien, ¿realmente se puede considerar un “ahorro” al hablar de una herramienta fundamental para el progreso en políticas sociales y en el ejercicio de la democracia? ¿se le puede llamar con orgullo “ahorro” a la desaparición de derechos asociados a la rendición de cuentas y que fomentan una mejoría social, haciendo un guiño hacia la centralización y el control político?
Es necesario mejorar las instituciones, no destruirlas, de la misma forma que es importante ampliar derechos, no cancelarlos.
Derechos Reservados AF
