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Por: Rubén Pérez Anguiano*
- Si, a veces la ley es una monserga. Podemos comprenderlo. Debe ser frustrante querer hacer lo que se quiere y tener que topar con el muro de la legalidad. Pero, bueno, así es esto de vivir en una sociedad fincada en las reglas. Lo dice de forma clásica Winston, el gerente del hotel Continental (del universo John Wick): “Reglas, sin ellas viviríamos como los animales”. Pero ya lo había dicho, casi en los mismos términos, el inspector Francis Abberline (el genial Hugo Weaving) en la película El hombre lobo (2010).
- Esa extraña frustración frente al muro de la legalidad y el desempeño impertinente de jueces y magistrados (o ministros), debe sentirse con más intensidad desde las cimas del poder. Imaginemos trazar una ruta de ferrocarril o cualquier otro proyecto y tener que suspender la obra una y otra vez por los molestos derechos de pequeños propietarios, cuyos terrenos están situados en medio del sueño constructivo. Pero bueno, así es esto de la legalidad.
- Ese muro de la legalidad y esa defensa impertinente a cargo de jueces autónomos es una de las invenciones de la sociedad civilizada y, en especial, de uno de sus factores de equilibrio: la división de poderes. Pretender arruinar un poder como el judicial para que no “estorbe” las decisiones del Ejecutivo (los gobernantes temporales) implica subordinar a la justicia al ámbito de la ejecutividad.
- Muchos se quejan de ese muro, pero para algo fue construido. Los policías, por ejemplo, pueden favorecer la libertad de un homicida o un ladrón, cuya actitud delictiva fue evidente, tan sólo por vulnerar de alguna forma sus derechos o tomar una decisión errática en su aprehensión. Si, quizás sea injusto, pero ese respeto por la legalidad es el cimiento de la vida social. Sin tal cimiento todo sería válido después: fabricar pruebas para condenar inocentes, por ejemplo.
- Hace unos días, una jueza ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Esta determinación tiene antecedentes: el entonces presidente Andrés Manuel fue omiso frente a una determinación similar e incluso publicó la reforma aún con un freno judicial previo. La respuesta de la titular del Ejecutivo fue negativa: no sólo no acatará la determinación judicial, sino que denunciará a la jueza ante el Consejo de la Judicatura.
- Los expertos en derecho constitucional debatieron en los últimos días sobre esto. Para algunos es improcedente la determinación de la jueza y para otros es válida. Los argumentos se amontonan de un lado y del otro. Pero lo importante es, quizás, lo que señala la propia presidenta Sheinbaum: “no tiene atribuciones, porque una juez no está por encima del pueblo de México”.
- Una digresión: para mí la referencia de la presidenta Sheinbaum debió ser a “la jueza”, no a “la juez”, siguiendo el mismo criterio por el cual debe decirse “la presidenta” y no “la presidente”.
- Apelar al pueblo para insistir en una posición política es un mal presagio de lo quede venir. La referencia al pueblo puede dar soporte a las decisiones más controvertidas, pues todo es justificable apelando a esa noción. Pueden venir decisiones que alteren por completo principios jurídicos trascendentales, criterios históricos decisivos o lo que sea, y todo podrá justificarse con tal referente. Es un principio que, sin exagerar, puede llegar al autoritarismo. Así lo hicieron a lo largo de la historia regímenes dictatoriales: todo cabe en el jarrito de la invocación al pueblo. Puede ser usado, también, como una justificación de la ilegalidad. En lo sucesivo, no importará la ilegalidad si ponemos el nombre del pueblo como argumento decisivo o como ariete. Cuidado
- Si la autoridad gubernamental decide rechazar la legalidad y confiar en su propia interpretación constitucional, rechazando al Poder Judicial, se abrirá un camino que llevará a la fragmentación del orden social. Después de eso nadie aceptará el dictado normativo, sobre todo si resulta inconveniente, y entonces el referente legal quedará roto. Si la autoridad no acata la ley no la acatarán, después, los grupos con algún poder o los ciudadanos en general. El desacato es una ruta para la barbarie, por más argumentos que se opongan para justificarlo.
- Ya están presentándose algunos inquietantes signos de los efectos de la descomposición del orden normativo. Por ejemplo, un diputado de Chihuahua ya propuso “blindar” a la constitución de la entidad con el objeto de impedir que reformas federales afecten a los criterios jurídicos básicos como la libertad y la soberanía estatal, la división de poderes, los derechos humanos y más. Es el primer susurro de un rompimiento del pacto federal. Ojalá domine la sensatez y se preserve el respeto a la ley y la Constitución, aunque eso incomode al poder.
*Rubén Pérez Anguiano, colimense de 56 años, fue secretario de Cultura, Desarrollo Social y General de Gobierno en cuatro administraciones estatales. Ganó certámenes nacionales de oratoria, artículo de fondo, ensayo y fue Mención Honorífica del Premio Nacional de la Juventud en 1987. Tiene publicaciones antológicas de literatura policiaca y letras colimenses, así como un libro de aforismos.
