Ciudad de México .- El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de sentencia ante el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para responder a diversas acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la denominada «Reforma Judicial», publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
Esta reforma, que busca transformar y dotar de legitimidad democrática a los poderes judiciales tanto a nivel federal como estatal, ha generado controversia por la elección popular de magistrados, ministros y jueces, la creación de un sistema de administración y disciplina más fuerte, y cambios en la austeridad y remuneraciones dentro del Poder Judicial.
Entre los actores que presentaron las acciones de inconstitucionalidad se encuentran varios partidos políticos nacionales como el PRI, PAN y MC, así como un partido local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa. Estos demandantes argumentan que la reforma vulnera principios constitucionales clave, como la división de poderes y la independencia judicial.
El proyecto del ministro González Alcántara parte del análisis de si la SCJN está facultada para revisar la constitucionalidad de una reforma que, a su vez, modifica la propia Constitución. A pesar de la naturaleza constitucional de las normas impugnadas, el ministro subraya que la Corte debe garantizar que ninguna reforma socave los principios esenciales de la República, como su carácter representativo, democrático, laico y federal, establecidos en el artículo 40 de la Constitución.
Puntos de controversia
Veda Electoral y Vicios Formales : Se cuestiona la aprobación de la reforma apenas un día antes de iniciar un proceso electoral, violando la «veda» legislativa que prohíbe cambios en periodos tan cercanos. Sin embargo, el ministro sostiene que el órgano reformador del Congreso tenía razones para exceptuar este impedimento y que tal incumplimiento no compromete la estabilidad del sistema democrático.
Elección Popular de Jueces : La reforma contempla la elección popular de jueces, algo que el ministro González Alcántara considera inconstitucional al no existir un sistema adecuado para garantizar que tales elecciones sean libres, informadas y reflejadas las preferencias ciudadanas. La falta de claridad en el sistema de candidaturas y la falta de certeza en los procedimientos son puntos clave para la invalidez de esta medida.
Inamovilidad de Jueces y Reducción de Salarios : El proyecto también invalida el cese masivo de jueces y magistrados del Poder Judicial que llegaron a sus cargos por la carrera judicial, argumentando que esto viola las garantías de inamovilidad y la irreductibilidad de sus salarios, principios fundamentales para preservar la autonomía y la independencia judicial.
Regímenes Disciplinarios y Órganos de Administración Judicial : Se valida el fortalecimiento de los órganos de disciplina y administración dentro del Poder Judicial, siempre que no comprometan la independencia del mismo. Sin embargo, se invalidan las facultades ambiguas que podrían dar lugar a la subordinación de jueces y magistrados a otros poderes.
Medidas de Austeridad : El proyecto sostiene que las medidas relacionadas con la austeridad, como la eliminación de fondos y fideicomisos dentro del Poder Judicial, no afectan en sí mismas la independencia judicial ni la autonomía presupuestaria.
Juicio de Amparo y Medios de Control Constitucional : En este apartado, el ministro propone invalidar las restricciones impuestas a los efectos suspensivos de los juicios de amparo, pero reconoce la validez de las limitaciones en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, al ser congruentes con el diseño constitucional.
Este proyecto de resolución toca el corazón del sistema judicial mexicano y plantea un delicado equilibrio entre respetar el proceso de reforma constitucional aprobado por el Congreso y garantizar que dicha reforma no viole los principios democráticos fundamentales. La decisión final del Tribunal Pleno será clave para determinar el futuro de la Reforma Judicial y su impacto en la configuración de los poderes judiciales a nivel federal y estatal.
El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es una respuesta sólida y detallada a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial de 2024. El análisis enfatiza la importancia de salvar la independencia judicial y la división de poderes, elementos fundamentales para el funcionamiento de una República democrática y federal. La resolución de la SCJN sobre este asunto tendrá implicaciones profundas para el sistema de justicia en México.
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