Ciudad de México.– En un proceso acelerado y sin debate público, las comisiones del Senado aprobaron la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa promovida por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
La iniciativa, que supera las 300 páginas, fue votada sin que se abriera un parlamento abierto, sin debate amplio y, según denuncias de la oposición, sin que siquiera se leyera en su totalidad.
La ley propone centralizar el poder en una nueva Agencia de Transformación Digital, que tendría amplias facultades: desde otorgar y revocar concesiones hasta supervisar contenidos de radio, televisión y plataformas digitales, bloquear sitios, limitar la publicidad y controlar las narrativas en medios. Incluso, contempla convertir al Estado en proveedor de internet.
El discurso oficial en defensa de la iniciativa gira en torno a la “soberanía digital” y la supuesta necesidad de protegerse de “propaganda extranjera”.
Sin embargo, voces de la oposición han señalado que, en realidad, se trata de un proyecto con claros tintes autoritarios que pone en riesgo la libertad de expresión y la competencia en el sector.
“La ley es inconstitucional y viola tratados internacionales”, advirtió la senadora Claudia Anaya, mientras que Ricardo Anaya denunció que los legisladores “ni siquiera la leyeron completa antes de votarla”.
Ahora, el dictamen se encamina hacia el Pleno del Senado, donde se prevé una discusión más amplia, aunque con un escenario político dividido pero adverso para quienes están en contra.
La creación de la Agencia de Transformación Digital, que tendrá rango de secretaría de Estado y absorberá todas las funciones, atribuciones, recursos y procedimientos en curso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que desaparece en este nuevo marco jurídico. Esta nueva agencia asumirá el control total de las telecomunicaciones en México.
Entre sus facultades están:
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Otorgar y revocar concesiones de radio, televisión y plataformas digitales.
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Supervisar contenidos de medios y redes sociales.
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Bloquear plataformas y restringir publicidad.
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Controlar las narrativas mediáticas.
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Asignar concesiones al Ejecutivo federal, quien podrá operar como proveedor de servicios públicos y comerciales de Internet.
Además, la ley restablece una disposición eliminada en el sexenio de Enrique Peña Nieto: la prohibición a los medios de comunicación de transmitir propaganda extranjera. El artículo 210 estipula que ningún concesionario de radio, TV o plataformas digitales podrá difundir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, salvo en los casos de promoción cultural o turística.
Las sanciones por violar esta norma serán aplicadas por la Secretaría de Gobernación y oscilarán entre el 2% y el 5% de los ingresos del concesionario. Se insiste en que no se permitirá que actores extranjeros influyan en los asuntos internos del país a través de los medios nacionales.
El espectro radioeléctrico es definido en la exposición de motivos como un bien estratégico de la nación, cuya administración debe regirse por criterios de interés público. En ese marco, se establecen nuevas reglas para la concesión de servicios: comerciales, públicos, privados y sociales, por plazos de hasta 30 años, otorgados por subasta o asignación directa.
También se prevé un sistema de sanciones económicas más amplio, con multas que van desde 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del concesionario, incluso en casos administrativos no tipificados de manera específica. Entre las nuevas causales de revocación de permisos se incluye el incumplimiento de planes de reemplazo de recursos orbitales.
El artículo 18 transitorio establece que se respetarán las licencias y autorizaciones vigentes, aunque se contempla una transición para los títulos otorgados antes de 2014 al nuevo régimen legal. También se abre la puerta a que el Estado utilice la “requisa” de vías de comunicación en caso de seguridad nacional.
Organizaciones de la sociedad civil, expertos y legisladores de oposición han alertado que esta ley representa un retroceso en materia de derechos digitales y libertad de expresión.
“Es inconstitucional y viola tratados internacionales”, advirtió la senadora Claudia Anaya. Por su parte, Ricardo Anaya denunció que “ni siquiera leyeron la iniciativa completa antes de votarla”.
El dictamen ahora se dirige al Pleno del Senado, donde su aprobación podría darse en los próximos días, en medio de fuertes críticas por su falta de transparencia y su potencial para consolidar el control del Estado sobre el ecosistema digital y mediático en México.
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