En el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que todas las personas tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos que desean tener y el espaciamiento entre ellos.
Para ejercer plenamente este derecho, es necesario ampliar la cobertura de salud para asegurar la disponibilidad y el acceso a los servicios de planificación familiar, así como otorgar información y orientación veraz y suficiente que contribuya a la toma de decisiones libres, responsables e informadas en materia sexual y reproductiva.
Lo anterior implica, desde el enfoque de la salud reproductiva, recibir apoyo médico ante problemas de infertilidad, otorgar atención calificada durante el embarazo, parto y puerperio, y por complicación de aborto; proteger la salud del recién nacido, gozar de una sexualidad sin temor a embarazos no deseados o a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), cuyas secuelas pueden generar esterilidad e incluso la muerte de quien la contrae. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, en el país residen 40.8 millones de mujeres de 15 años y más, siete de cada diez (71.6 por ciento) ha tenido al menos un hijo nacido vivo y 27.1 por ciento no los ha tenido, pero en todas ellas asiste el derecho a ejercer una vida reproductiva libre de riesgos.
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