Los tres bloques mayoritarios de la Cámara baja, el kirchnerismo, el radicalismo y el socialismo, consensuaron un borrador que, si se aprueba, modificará de modo sustancial la legislación actual sobre el consumo de drogas en el país.
Ese proyecto de ley propone descriminalizar la tenencia para consumo de cualquier tipo de drogas, incluida la cocaína y la heroína. Y serán los jueces quienes tendrán que establecer cuál es la máxima cantidad de droga permitida.
El proyecto también pretende despenalizar el consumo en la calle, salvo cuando esa conducta incite a los menores a imitarla. Respecto al cultivo, estaría permitido siempre que no tenga como fin su comercialización.
Hasta el momento, la Ley 23.737 la tenencia de drogas permitía que la policía detuviera a una persona, que luego debía demostrar “inequívocamente” que las mismas eran para uso personal. Se invertiría la carga probatoria: deberá ser el fiscal o el juez el que demuestre que la droga no es para consumo personal. “Es muy importante para que ya no sucedan casos como aquel del joven en la provincia de La Pampa que se tragó un gramo de cocaína para que la policía no lo detuviera. Y murió. Eso es porque la tenencia todavía es un delito. Ahora ya no lo será”, dijo Emilio Ruchansky, editor adjunto de THC, revista emblema de la cultura cannábica.
El proyecto de consenso entre los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), la Unión Cívica Radical (UCR) y el FAP (Frente Amplio Progresista) otorgará mayor seguridad a quienes cultivan marihuana en sus hogares. “Antes uno podía cultivar una plantita, un vecino te denunciaba, te hacían un allanamiento y por ahí te pasabas 15 días detenido hasta que demostrabas que era un autocultivo. Eso también cambiará”, agrega Ruchansky. Además, de aprobarse la modificación a la ley se podrá consumir en la calle. “A lo sumo te podrán retirar la sustancia, porque seguirá siendo ilegal, para que cese la conducta, pero de ninguna manera te van a llevar a la comisaría”, explica el especialista.
La iniciativa plantea la reducción de la pena mínima para el contrabando de drogas para comercialización de cuatro años y medio a tres. El objetivo de la medida es permitir la excarcelación de las denominadas mulas utilizadas para el narcotráfico internacional, al menos en su primera detención.
El plan cuenta con la oposición del peronismo disidente y del macrismo (PRO, centroderecha). “Es irresponsable, y hasta frívolo, concentrarse en la despenalización en un país inundado de droga”, dijo el diputado Eduardo Amadeo, del Peronismo Federal. En contraposición, la legisladora Victoria Donda (FAP) afirmó en defensa del proyecto consensuado: “No olvidemos que de los 8,000 consumidores que cada año enfrentan una causa penal por tener drogas, la mayoría son jóvenes y pobres”. El proyecto contó con un fuerte espaldarazo popular el 5 de mayo, cuando miles de personas se movilizaron para pedir la despenalización.
También la Iglesia católica hizo oír su voz, pero en sentido contrario. La despenalización “favorecería el incremento de las facilidades y oportunidades para obtener estas sustancias, y por lo tanto, más que disminuirlo aumentaría el consumo, como ya ocurrió en otros países”, según un comunicado difundido por la Pastoral de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal.
El debate incluye tres jornadas públicas en el Congreso, en el marco del plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, y de Legislación Penal, y con la presencia de jueces y funcionarios entre los disertantes.
Está previsto que representantes de organizaciones de consumidores, madres de jóvenes consumidores de paco o pasta básica de cocaína, científicos, investigadores y sociólogos expertos en la materia. La tercera jornada se celebrará el miércoles 13 y se espera que anteceda al dictamen en comisión si se mantiene el consenso.
El arranque del debate en el Congreso coincidió con la difusión por la prensa local de un informe de la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) que da cuenta que el consumo de marihuana entre los estudiantes de secundaria en el país se triplicó en tres años: del 4,6 al 14%. El consumo de cocaína pasó del 1.4% de los jóvenes encuestados que la habían probado en 2001 a un 4.6 en 2011.
La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en el país. De acuerdo con un estudio nacional de 2010 de Sedronar, el 3,1% de la población entre 12 y 65 años declaró haber consumido cannabis en el año precedente. Con respecto a la cocaína, el 0,8% de las personas consultadas en esa franja reconoció su consumo. El 48% de los usuarios presentaban indicadores de dependencia.
Con información de CNN
