México Unido contra la Delincuencia señaló que las autoridades federales y locales muestran “opacidad” respecto a la atención que prestan a la situación del secuestro de migrantes y otros delitos relacionados como trata y tráfico de personas.
En conferencia de prensa Juan Francisco Torres Landa y Josefina Ricaño de Nava, presentaron el informe de esta organización sobre secuestro de migrantes y cuestionaron la actuación de cuatro dependencias federales y seis gobiernos estatales y dejaron en “amarillo” a otro más en relación a este problema.
Explicaron que con base en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2009 a 2011, que señalan el secuestro de 20 migrantes hicieron varias preguntas a través de transparencia a cuatro dependencias federales y siete gobiernos estatales.
“Lo que encontramos fue opacidad, intentos por negar los hechos e impunidad en prácticamente los tres órdenes de gobierno respecto a un problema que implica también trata y tráfico de personas; trabajos forzados; homicidios masivos e inclusive situaciones similares a campos de concentración”, señaló.
A partir de las respuestas obtenidas a las preguntas que se plantearon, México Unido contra la Delincuencia elaboró un semáforo en donde median opacidad, ignorancia del tema, incompetencia, traslado de información y negación de los hechos.
Desde ahí cuestionaron a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
También a los gobiernos de Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, estos dos últimos con una situación “sumamente grave”.
A partir de estas mediciones, México Unido contra la Delincuencia recomendó al equipo de transición y al presidente electo Enrique Peña Nieto tomar cartas en el asunto considerando que los secuestrados no son solo migrantes extranjeros sino también nacionales.
Concretamente le sugirieron al próximo presidente revisar la actuación del Ministerio Público para hacerlo más eficaz y resolver la grave impunidad que prevalece en las prisiones a las que calificó como “centros de capacitación profesional en delincuencia organizada”.
Francisco Torres Landa advirtió que en torno al secuestro de migrantes ocurren también otros delitos que van desde el narcotráfico hasta la extorsión y donde, según Landa, participan en diferentes grados agentes de la autoridad de los tres niveles de gobierno.
En ese sentido, subrayó, es urgente que se tomen cartas en el asunto y no solo por parte del próximo gobierno sino del actual, el cual no puede “tirar la toalla”.
Esta situación de opacidad pone en evidencia la necesidad de que las autoridades en los tres órdenes de gobierno tomen acciones concretas para eliminar la impunidad y limpiar los cuerpos de seguridad, incluyendo el Instituto Nacional de Migración.
Con información de Crónica
