Los 25 expolicías municipales de Tijuana, Baja California, que fueron detenidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y que después fueron liberados por falta de pruebas, informaron que denunciarán su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La abogada Silvia Vázquez Camacho explicó que pese a que existen evidencias de que las declaraciones de estos 25 exagentes fueron obtenidas bajo tortura, ni las autoridades federales, ni las estatales, ni las municipales han querido aceptar los hechos y reparar los daños físicos y psicológicos, y agregó que las detenciones se realizaron de manera arbitraria.
“Hay actos tanto de detención arbitraria como violaciones al debido proceso, ya que ellos no tuvieron acceso a sus abogados dentro del cuartel, no pudieron ampararse, no pudieron hacer válido ninguno de los recursos a los cuales se tiene derecho como detenido”, indicó la abogada.
Los expolicías piden que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) se disculpen públicamente por los hechos y exigen el pago equivalente a los salarios que hubieran obtenido si no hubieran sido encarcelados.
Las detenciones ocurrieron entre el 21 y el 27 de marzo del 2009 y hasta ahora no existen evidencias de que se hubieran girado órdenes de aprehensión o presentación contra los elementos policiacos. En lugar de ser presentados ante un agente del Ministerio Público federal, fueron trasladados a un cuartel militar donde fueron torturados sistemáticamente durante al menos tres días.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 87/2011, señaló que la dependencia cuenta con evidencias que demuestran que los exagentes fueron objeto de sufrimiento físico y mental por parte de elementos militares, quienes les infligieron maltratos y causaron lesiones, constitutivos de tortura.
La CNDH recomienda la reparación del daño a cada uno de los 25 expolicías y que se abran averiguaciones previas por las torturas y las detenciones arbitrarias. Aunque la Sedena y el gobierno municipal de Tijuana aceptaron la recomendación, no han implementado las medidas indicadas por la comisión y el gobierno estatal de Baja California se negó a aceptar la recomendación.
Jorge Sánchez Reyes, exjefe de operativos especiales de la Policía Municipal de Tijuana, de 41 años, fue detenido por el entonces director de la Policía Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, que le dijo que lo tenía que acompañar al cuartel miliar del 28 batallón de infantería.
“Le digo que me muestre una orden de aprehensión, un citatoria o cualquier documento que hiciera legal la detención y pues no, me dice que lo tengo que acompañar, si no lo acompañaba iba a ir el Ejército a mi casa y me iba a sacar”, contó a CNNMéxico en una en entrevista.
Ya en el cuartel militar, le vendaron los ojos, lo golpearon y asfixiaron con bolsas de plástico mientras le preguntaban si trabajaba para el crimen organizado, que si podía dar nombres de policías que estaban involucrados en el narcotráfico, a lo que él contestaba que no sabía y que sólo seguía órdenes de sus superiores.
“Dos veces perdí el conocimiento y me revivían con cachetadas”, recordó.
A pesar de que nunca se declaró culpable, Jorge fue encarcelado en el penal federal de Nayarit, pues otros agentes municipales que fueron torturados lo señalaron como miembro de agrupaciones del crimen organizado.
Rolando Saldaña Chacón también fue detenido el 27 de marzo y dijo que por los golpes y descargas eléctricas de las que fue víctima, le dañaron la vista. Él se negó a declararse culpable, y aunque durante las torturas repetía que diría lo que le pidieran, una vez frente al agente del ministerio público dijo en tres ocasiones que “se reservaba el derecho de declarar”. A la mitad de su testimonio, se detuvo y se disculpó al decir que desde los episodios de tortura, le cuesta trabajo hilar ideas.
Alfredo Cuevas Higuera, otro de los exagentes, explicó que los métodos de tortura a los que fueron sometidos son similares. Incluso, ya en el penal de Nayarit, los 25 charlaban sobre cómo es que habían acabado ahí.
“No nos dieron ni siquiera la oportunidad de defendernos. A mí me detuvieron a punta de arma con la mentira de que me iban llevar a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) porque se me estaba requiriendo”, narró.
En agosto del 2010, 13 expolicías fueron liberados por falta de pruebas. Este jueves 4 de octubre el resto recibió su orden de liberación. Solo dos de ellos tuvieron que permanecer encarcelados por otras investigaciones que existen en su contra.
La mayoría de los 13 que fueron liberados hace dos años no han podido encontrar un empleo formal y se han dedicado al comercio informal o a conducir taxis para poder sostener a su familia.
CNNMéxico contactó a la PGR y a la Sedena para conocer su versión de los hechos, pero hasta la publicación de la nota no había recibido respuesta.
Con información de CNN
