Colima.-El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto a los gobiernos federal y estatal para que en su presupuesto de 2013 el gasto en el rubro de investigación científica y desarrollo tecnológico sea mayor al 1% del Producto Interno Bruto del país.
El exhorto va también para los legisladores federales y estatales y se pide la ampliación de las partidas financieras federales, estatales y municipales para este rubro.
Dicho exhorto fue presentado en el pleno por la diputada Gretel Culin Jaime, documento que manifiesta dentro de los considerandos, que en la medida que el Gobierno invierta en la Educación y la Tecnología se verá favorecido en su desarrollo, tal es el ejemplo de los países que invierten más en Ciencia y Tecnología de su PIB, como los Estados Unidos 2.9 por ciento, Canadá 1.74 por ciento, Alemania 2.82 por ciento, España 1.39 por ciento, Italia 1.26 por ciento, Francia 2.25 por ciento y Japón 3.26 por ciento. Diversos indicadores internacionales han comprobado que el rezago en este importante rubro hace a los países menos libres y menos soberanos.
México logró por primera vez, en el año 2004, colocar en su Ley de Ciencia y Tecnología la obligatoriedad para que el gasto nacional en el rubro de la investigación científica y desarrollo tecnológico.
Dijo que desafortunadamente el Estado Mexicano, Federación, Entidades Federativas y Municipios, a lo largo de su historia le ha concedido poca importancia a este tema, ignorando o menospreciando el papel que juega la ciencia y la tecnología para dinamizar el desarrollo integral de nuestras regiones y zonas geográficas.
Un reflejo de lo anterior es que la inversión en ciencia y tecnología hoy en día es mínima, disminuyendo en vez de crecer en los últimos años. De acuerdo con información proporcionada por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República el gasto público nacional en la materia, tan solo alcanza el 0.43 por ciento del Producto Interno Bruto, muy por debajo de países en condiciones similares al nuestro y cada vez más lejos del 1.5 por ciento mínimo deseable al que la comunidad científica aspira.
De acuerdo al artículo 25 de la Ley General de Educación establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –Federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones Públicas de Educación Superior.
La falta de recursos económicos para la Ciencia y Tecnología, se ve reflejado en nuestros investigadores, ya que en México existan alrededor de 45 mil 45 investigadores de tiempo completo; mientras que en Estados Unidos ascienden a un millón 412 mil 639; en Canadá de 146 mil 324, en Japón de 656 mil 32, etc.
Por ello los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales tienen obligación de dedicar mayores recursos materiales y financieros a la ciencia y a las innovaciones tecnológicas, y diseñar proyectos a largo plazo en estas materias, definiendo acciones y programas específicos, concretos, medibles, así como estrategias de evaluación de resultados, con parámetros de rigor, creatividad y excelencia.
“Es fundamental para el desarrollo del país, incrementar para los próximos años, el gasto en investigación y desarrollo experimental, de manera acelerada, mediante el establecimiento de una política a corto y mediano plazo que persiga un incremento en este gasto de por lo menos un uno por ciento del PIB”, concluyó.
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