La protesta de 24 horas convocada por la principal central obrera, la peronista Confederación Central del Trabajo (CGT), y la más pequeña Central de Trabajadores Argentinos (CTA) era acatada mayormente entre los gremios de servicios y de empleados estatales. Partidos de izquierda también convocaron al paro.
En cambio, los sindicatos industriales, nucleados en una escisión de la CGT que respalda a la presidenta Cristina Fernández, rechazaron sumarse a la protesta, la primera de su clase desde diciembre del 2002 cuando una feroz crisis económica disparó el desempleo por encima del 21 por ciento.
«Los reclamos son justos, hay dinero que se gastan en cosas que no corresponden. El trabajador necesita mejorar su situación», dijo Martha Valazza, una jubilada de 72 años en la estación central de Retiro, una de las principales terminales ferroviarias de Buenos Aires, que lucía desierta por la protesta.
Los huelguistas exigen una subida del salario mínimo y las asignaciones por planes sociales, la eliminación del impuesto a los ingresos de los asalariados -llamado ganancias- y un alza de las jubilaciones para hacer frente a una alta inflación que economistas privados calculan en un 25 por ciento para este año.
La huelga podría abrir un período de mayor conflictividad sindical en Argentina, donde las protestas y cortes de rutas por demandas salariales son frecuentes pero están atomizadas, según analistas.
Además es la puesta en escena de las aspiraciones de poder del líder de la CGT, el dirigente camionero Hugo Moyano, un ex aliado de la presidenta Fernández en el partido peronista, con ambiciones de saltar de la arena sindical a la política.
El dirigente se distanció del Gobierno tras las elecciones de octubre del año pasado en las que la mandataria fue reelecta con un abrumador apoyo gracias a una batería de planes sociales y la bonanza económica.
Desde entonces, la popularidad de Fernández ha caído unos 30 puntos, a alrededor del 40 por ciento, por la aceleración de la inflación, el estancamiento de la economía, una veda a la compra de dólares que irritó a la clase media y un estilo combativo que desgastó su relación con sus votantes.
La huelga general se da casi dos semanas después de que cientos de miles de personas, mayormente de clase media, salieran a las calles de las principales ciudades argentinas contra el Gobierno en una protesta inédita que fue autoconvocada en las redes sociales.
«(Los trabajadores) están demostrando un ejemplo de dignidad frente a un Gobierno que cierra los ojos, se tapa los oídos y no quiere escuchar a los que piensan distinto», afirmó el líder de la CTA, Pablo Micheli.
El Gobierno, que sólo reconoce un incremento en los precios que orilla el 10 por ciento anual, ha calificado a la protesta como una extorsión y ha dicho que está motorizada por las ambiciones políticas de sus líderes.
«Es el paro de la prepotencia y el autoritarismo que han mostrado su peor cara. Cortes en accesos y vías, amenazas a comerciantes. Nada bueno puede salir de un paro como éste», dijo a una radio el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
PIQUETES
Los huelguistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y algunas carreteras en el resto del país. Los hospitales públicos sólo atendían emergencias y los juzgados y escuelas estatales permanecieron cerrados en la capital argentina y en la provincia de Buenos aires, que albergan a más de un tercio de la población nacional.
Gremios portuarios paralizaron las actividades en la terminal de Rosario, el principal complejo agroexportador de un país que es uno de los mayores productores de alimentos del planeta.
Tampoco funcionaban bancos ni estaciones de carga de gasolina.
Algunas entidades rurales que agrupan a pequeños y medianos productores se sumaron a la protesta. Los principales aeropuertos del país registraban pocos vuelos por la adhesión al paro de los gremios aeronáuticos.
«Moyano está tratando de dar el paso del sindicalismo al arco político», dijo a Reuters el analista político y director de Ipsos Mora y Araujo, Luis Costa.
«El sindicalismo intenta demostrar su capacidad de hacer daño a la institucionalidad del país. Es un mensaje al Gobierno nacional (…) Y en paralelo intenta enviarle un mensaje a la opinión pública para mejorar su imagen», agregó.
La actividad petrolera en las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que representan el 50 por ciento de la producción de gas y el 35 por ciento de la de crudo del país, también se detuvo.
El gremio de los camioneros, con unos 200.000 afiliados, tiene el poder de paralizar parte de la actividad económica en el país, donde el transporte de carga se hace mayormente vía terrestre.
Con información de Reuters
