En lo que fue la revisión de la cuenta pública del segundo semestre del 2009 en el gobierno del estado, correspondiente a los últimos meses de gobierno de Silverio Cavazos Ceballos, el Órgano Superior de Fiscalización, detectó 85 observaciones y aseguró que el gobierno estatal adeuda mil 132 millones 105 mil 506 pesos.
Ayer martes concluyó la primera etapa de revisión de los dictámenes que presentó el OSF, en donde se detectó este monto de adeudo.
Durante la reunión con los legisladores, la titular del Organismo Fiscalizador presentó los dictámenes correspondientes, corresponde ya al Congreso y a la comisión de Hacienda elaborar los dictámenes y presentarlos al pleno para su aprobación o no.
Luego de la reunión el presidente de la Comisión de Hacienda, Rigoberto Salazar Velazco, explicó sobre el adeudo estatal, afirmando que en documentos por pagar se adeudan 33 millones 365 mil 937 pesos.
A proveedores se les deben 113 millones 175 mil 677 pesos, a acreedores 165 millones 892 mil 995 pesos y en préstamos a largo plazo la deuda es de 819 millones 670 mil 895 pesos.
El Órgano Superior de Fiscalización hizo 85 observaciones a la cuenta pública del segundo semestre de 2009 del Gobierno del Estado, de las cuales 53 son financieras y 32 de obra pública, de las cuales todas fueron solventadas.
Salazar Velazco también despejo dudas sobre los cuestionamientos que se han hecho en torno al personal que fue dado de baja, es decir los 940 trabajadores.
Aseguró que luego de este acontecimiento y en meses posteriores se contrataron 330 personas, de éstas 222 laboran en dependencias del Poder Ejecutivo y 108 en organismos descentralizados, como el Incode, TV Colima y DIF Estatal, entre otros.
El diputado priista afirmó que por Ley están impedidos a dar los nombres de las personas dadas de baja y las contratadas.
“Pues esos numerales consideran información confidencial la que contiene datos personales y por lo mismo no son de acceso público, incluso para representantes populares”, afirmó el legislador.
Con relación al recursos pendientes de transferir para la operación de los CENDI, explicó que al inicio de la administración de Mario Anguiano Moreno, se tenía pendiente la transferencia al Partido del Trabajo de 26 millones de pesos para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil, habiéndose liquidado a la fecha 21 millones, restando cinco millones que serán pagados en mayo y junio.
Respecto a las razones por las que la Dirección de Pensiones dejó de hacer préstamos a los trabajadores del estado al finalizar la pasada administración estatal, explicó que al término e inicio las administraciones, lo normal es que esa Dirección suspenda préstamos, pues no hacen empréstitos a trabajadores que podrían dejar de serlo y arriesgar así la recuperación financiera.
Sobre por qué el gobierno del estado dejó de cubrir aportaciones a los programas federales del campo, Salazar Velasco mencionó que el problema se derivó de las modificaciones a las reglas operación a partir de 2008, que obliga al estado aportar el 35 por ciento de cada peso ejercido en los programas concurrentes con la Sagarpa, lo que implicó un aumento en las obligaciones del estado, justo en el tiempo que más reducciones registraron las participaciones federales.
Al cuestionamiento de si la presidenta del DIF Estatal recibió salario o compensación por su trabajo en esa institución, Rigoberto Salazar lo negó rotundamente; asimismo, le solicitó presentar las pruebas de la presunción de que con recursos del Congreso del Estado se pagaron fiestas particulares.
Informó sobre el estado financiero del Ivecol, organismo descentralizado cuyo informe de auditoría incluye sólo la legalidad de la transferencia de recursos, encontrando que sus pasivos son por 229 millones 630 mil 429 pesos, de los cuales 72 millones 339 mil 753 pesos son documentos por pagar a proveedores, acreedores diversos e impuestos por pagar, y 157 millones 290 mil 675 pesos son adeudos a Banobras y al Gobierno del Estado.
Ante la solicitud de información documental sobre el trabajo de revisión al gasto público, Salazar Velasco manifestó que debido a que todavía no concluye la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, el OSAFIG tiene la obligación de mantener en reserva toda información relacionada con dichas auditorías, hasta en tanto no se derive de su revisión el financiamiento de responsabilidades a servidores públicos.
Explicó que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, en su artículo 4º, fracción II, y la propia Constitución local, en su artículo 33, fracción XI, establecen que el Congreso del Estado deberá expedir el decreto, mediante el cual se aprueben los dictámenes correspondientes, en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2009.
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