Colima.- Colima sigue sin tener una ley antibullying, pese a los esfuerzos del ex dirigente de la Sección 39 del SNTE, Nicolás Contreras Cortés.
Y es que el también ex diputado y hoy regidor en la comuna capitalina, durante la 56 Legislatura presentó en tres ocasiones la iniciativa para crear la Ley para la prevención y tratamiento del acoso escolar, la cual fue rechazada en tres ocasiones.
Dicho proyecto constaba de ocho capítulos, 36 artículos y cinco más transitorios; tenía por objeto prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar en las instituciones educativas, así como otorgarle apoyo asistencial a las víctimas de esas conductas disfuncionales.
«Las instituciones del Sistema Educativo del Estado tienen la obligación fundamental de garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar», decía en otra parte de la iniciativa.
Con dicha iniciativa se buscaba ofrecer a todos los alumnos una formación permanente en el respeto por los valores de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación de los demás, la tolerancia hacia las diferencias entre personas y la solidaridad hacia las personas más vulnerables. Para la enseñanza de estos valores, deberán realizarse actividades curriculares teórico-prácticas y utilizar métodos persuasivos tales como discusiones, talleres, películas, textos literarios, representaciones teatrales y análisis de casos prácticos, así como inculcar a todos los estudiantes un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
Establecer entre los escolapios prácticas cotidianas de trato fraternal, así como métodos se solución amigable y pacífica de las diferencias o conflictos entre ellos.
Proteger eficazmente a los estudiantes contra toda forma de acoso, hostigamiento, maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros, los profesores, los trabajadores o directivos.
Además de establecer en sus reglamentos y disposiciones internas, los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir el acoso, el hostigamiento, la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los demás y especialmente hacia los niños, las niñas, los adolescentes y menores con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños, niñas, adolescentes y menores con capacidades sobresalientes o especiales.
La Comisión de Educación de la 56 Legislatura argumentó que la propuesta de Contreras Cortés no procedió porque la legislación vigente en materia de educación prevé las disposiciones adecuadas para abatir el fenómeno social que representa el acoso escolar o bullying, y porque existen las acciones y programas que establecen actualmente lineamientos efectivos que permiten la prevención, detección y aplicación de correctivos o sanciones en cada plantel escolar «con el objetivo de que el respeto a la dignidad y derechos de las personas, sea el principio fundamental de la convivencia y la organización escolar, por lo que esta Comisión considera inviable por innecesaria la creación de una ley especifica en materia de acoso escolar».
Dicha comisión señaló que programas como el de “Escuela Segura”, enmarcado en la Alianza por la Calidad de la Educación, Programa Nacional Equidad de Género y el Programa Estatal “Me Late Ser íntegro. Educación en Valores”, han impulsado la cultura de la prevención y los valores cívicos y éticos, con el principio fundamental de realizar un cambio cultural basado en el respeto de los derechos de hombres y mujeres, de niños, niñas y adolescentes, con un enfoque para el fortalecimiento de valores, que son de gran utilidad para la prevención de la violencia intraescolar.
A nivel nacional ya se discute este tema, pues la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza presentó la iniciativa de Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar.
La senadora por Acción Nacional destacó que el 40 por ciento de los menores que acuden a las escuelas en México ha sido víctima de acoso escolar o bullying.
Dijo que este fenómeno ha llevado a que el número de niños, niñas y jóvenes que se quitan la vida por esta causa vaya en ascenso.
Estados como Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz cuentan con una ley específica para evitar la violencia e incrementar la seguridad escolar.
A nivel internacional, Colombia, desde hace algunos años ya cuenta con una ley que regula el problema del acoso escolar.
En la iniciativa de la senadora se determinan las infracciones y multas a las que se pueden hacer acreedores el personal docente y administrativo; además de que estipula sanciones a los padres de familia y establece la reparación del daño e involucra a los alumnos agresores para realizar actividades a favor de la comunidad, siempre y cuando no sean inhumanos, degradantes o violatorios de sus derechos y que permitan fomentar la difusión de la cultura al respeto a los derechos humanos.
Este ley se enfoca prioritariamente en la prevención, con medidas de seguridad, de capacitación al personal docente y de difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos y de la no violencia; y vincula de manera decisiva a los padres de familia con el entorno escolar.
Propuso la creación de un «Consejo para una Escuela Libre de Violencia», así como la obligación de toda escuela tenga un Reglamento Escolar para que se conozcan los derechos y obligaciones de quienes interactúan en él y también las sanciones a quienes lo transgredan.
El senador colimense Mario Delgado Carrillo también presentó una iniciativa para crear Ley General para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar.
El ex secretario de educación en el Distrito Federal propuso la creación de un observatorio nacional para que la sociedad civil tenga participación de manera permanente en este tema.
Mencionó que se debe impulsar un programa nacional para que padres de familia, docentes y autoridades puedan trabajar en la prevención y atención de la violencia en centros educativos.
Señaló que busca crear una legislación efectiva, con la aportación de la academia y la sociedad, agregando que se busca una ley que tenga incidencia y detenga cualquier tipo de maltrato o violencia que pueda ocurrir en las escuelas y que por lo tanto haya una mejor convivencia.
Durante la campaña electoral, el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estableció el compromiso de impulsar una política nacional para una escuela libre de acoso escolar o bullying.
Durante el evento “Mi compromiso con las niñas y Niños de México. Hacia una Política Pública para la Infancia”, Peña Nieto firmó el compromiso de emprender una política pública de orden nacional para combatir el bullying en las escuelas, a fin de evitar la violencia entre los menores, pues lo que viven se reflejará en el ambiente familiar.
“No queremos violencia en las familias, no queremos violencia intrafamiliar y para evitarlo tenemos que hacerlo desde la niñez”, dijo.
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