La reforma laboral se ha convertido en prioritaria después de que los organismos internacionales y los mercados en general la hayan reclamado insistentemente como señal de confianza. Tras la incredulidad inicial, el Ejecutivo ha asumido esa necesidad y se dispone a aprobar en las próximas semanas un texto que agilice el funcionamiento del mercado laboral sin flexibilizarlo del todo. Bajo la hipótesis de que el documento se redacte sin el aval de los agentes sociales, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentará combinar medidas reclamadas por los sindicatos con otras del agrado de la patronal. La presión de las últimas semanas para que los países europeos -y España en particular- aprueben recortes y reformas estructurales hace más probable que prosperen algunos postulados de los empresarios que hasta hace poco estaban descartados. En ese escenario, el interés de CEOE por pactar con el Gobierno ha decaído. También el de los sindicatos, que han considerado una agresión el decreto de austeridad elaborado por Zapatero con el mayor recorte social de la democracia.
En esa línea, los negociadores de Trabajo preparan un texto que generalice el contrato indefinido de 33 días de indemnización para los nuevos contratos. Se trata de ampliar a otros colectivos (los parados y las conversiones de temporales a fijos) el llamado contrato de fomento de la contratación indefinida, de forma que el ordinario (45 días por año) se mantenga sólo para los ya en vigor y para fichajes. Hasta ahora, la fórmula con despido más barato se aplica a jóvenes, mujeres subrepresentadas, mayores de 45 años, parados que lleven más de seis meses inscritos, discapacitados y trabajadores con cargas familiares, es decir, a la mayoría de los supuestos, aunque su utilización es escasa (apenas el 15% de los nuevos fijos). Introducir las dos condiciones que pretende el Gobierno supondría en la práctica ese abaratamiento del despido que Zapatero rechazó durante mucho tiempo y que las nuevas circunstancias le han llevado a reconsiderar.
Esa medida tiene por sí sola el potencial para justificar la huelga general con la que han amenazado UGT y Comisiones Obreras si hubiera un decreto que lesionara los derechos de los trabajadores. El Ejecutivo, no obstante, pretende introducir una compensación por el lado de la contratación temporal, que consiste en endurecer las causas por las que el empresario puede acogerse a esa fórmula. Aunque la legislación las acota, en la práctica el contrato temporal se ha convertido en la vía flexible de acceso al mercado laboral. En su propuesta del 12 de abril, el Ministerio de Trabajo abogaba por fijar plazos máximos para el contrato de obra (ahora ilimitado) y prescindir del contrato eventual para actividades estacionales cíclicas, como el turismo.
Una de las incógnitas reside en la solución que la reforma otorgará al debate sobre las causas del despido. Esta cuestión ha sido la que más discrepancias ha generado entre patronal y sindicatos, pues CEOE pretendía que se relajaran las causas y el procedimiento para acogerse a un despido por causas económicas, que lleva asociada una indemnización de 20 días por año. Fuentes próximas a la negociación indican que, si finalmente se opta por allanar a las empresas ese camino, se hará también un gesto hacia los sindicatos dificultando una fórmula legal en vigor desde 2002 que permite al empresario despedir sin someterse al proceso judicial, con la condición de que reconozca su improcedencia y deposite la indemnización correspondiente.
Tampoco las partes se han puesto de acuerdo en cómo financiar el despido. En la adaptación a España del modelo austriaco, en el que cada trabajador dispone de una cuenta a la que el empresario cotiza y que el empleado percibe en caso de ser despedido o recupera al final de su vida laboral, los sindicatos pedían que sólo cubriera despidos procedentes. Esa condición convertiría la medida en algo residual, pues la mayor parte de los despidos en España, aun en tiempos de apuros económicos, son improcedentes. El motivo es que resultan más fáciles de gestionar aunque sean onerosos.
Al enfrentamiento que ha presidido toda la negociación se ha sumado con fuerza en los últimos días el debate sobre la flexibilidad interna de las empresas. CEOE pretende eliminar trabas para que las compañías puedan modificar las condiciones de trabajo de los empleados, sus funciones o su localización geográfica. Aunque estas materias son más propias de la negociación colectiva, también han surgido en este proceso, aunque el difícil que el Ejecutivo se arriesgue a regularlas cuando están pendientes de negociación bilateral entre empresarios y sindicatos.
En ese contexto de discrepancias, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho; el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano; los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo; y el líder de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se disponen hoy a celebrar una de las últimas -si no la última- de las citas que han mantenido con cierta periodicidad desde principios de febrero. En el caso de que en el encuentro de esta mañana se concluya que no hay margen para el acuerdo, el Ejecutivo presentará en los próximos días sus líneas maestras de reforma que someterá a consultas -no a negociación- de los agentes sociales. Se hará previsiblemente mediante un decreto que se aprobará en unos 15 días y que luego se tramitará como ley en el Congreso, por lo que deberá negociarse con los grupos parlamentarios.
Más allá de los elementos controvertidos, la reforma incluirá cuatro aspectos sobre los que el acuerdo entre las partes es aceptable: el programa de fomento de la contratación juvenil, el modelo alemán de reducción de jornada para evitar despidos cuando las empresas entran en crisis y la reordenación de la política de bonificaciones al empleo para focalizarlas en los colectivos de difícil inserción.
